Corrupción: el director del ICBF en Sucre habría amenazado de muerte al veedor y estaría evitando ir a prisión

Corrupción: el director del ICBF en Sucre habría amenazado de muerte al veedor y estaría evitando ir a prisión

Moviendo cielo y tierra estaría el director del ICBF en Sucre, Juan Francisco Ortega Hernández, luego de ser capturado con aproximadamente 322 millones de pesos y un arma de fuego la tarde de este lunes 2 de marzo en el corregimiento de Mateo Pérez en Sampués.

El funcionario que se movilizaba en un automóvil junto a otro hombre, fue requerido por miembros de la Infantería de Marina, quienes se percataron que los antes mencionados llevaban las armas sin salvoconducto o algún permiso especial.

Fue así como Ortega y el otro sujeto al que no le han revelado la identidad, fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde deberán comparecer ante un juez de garantías, sin embargo, una fuente nos manifestó que el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sucre, estaría tratando de manipular las pruebas para que el ente investigador diga que en su poder solo había 170 millones.

Y por si fuera poco, esta novela de corrupción no para aquí debido a que Ortega Hernández habría amenazado de muerte al veedor Albeiro Villamizar y a su familia, pues este fue quien lo denunció públicamente por firmar contratos en presunto estado de embriaguez durante una parranda en dicho departamento.

Situación que rápidamente salió a desmentir el director, no obstante, quedó en ridículo luego que en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), aparecieran los cuatro contratos que fueron firmados ese día por un valor de $1.074 millones de pesos, con los representantes de cuatro fundaciones que estaban presentes en el ‘fiestón’.

De acuerdo con Villamizar, al denunciar estos hechos él estaba cumpliendo con su labor y no es justo que unos delincuentes lo amedrenten por hacer su trabajo que es inspeccionar la administración y gestión del sector público y privado.

Así las cosas, el veedor espera que caiga todo el peso de la ley contra este funcionario que firmó los contratos en dicha parranda y que fue capturado nada más y nada menos que por la millonaria suma que llevaba y por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

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