La magistrada Nadia Patricia Benítez Vega, cuestionó la decisión tomada por sus dos colegas de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, sobre la suspensión del alcalde de San Andrés de Sotavento, Stalin Madrigal.
Diva Cabrales Solano y Pedro Olivella Solano, dieron crédito a los documentos presentados por el demandante Jairo Alfonso Buelvas Velásquez, los cuales señalan que supuestamente Madrigal Mercado ejerció como secretario de Educación de San Andrés de Sotavento hasta diciembre de 2018
Una de las pruebas presentadas por Buelvas, son declaraciones juramentadas del abogado Lesmes Leones Quintero, del técnico de Umata, Rafael Arístides Godín Sánchez y del docente Carlos Omar Pérez Arias.
Así las cosas el alcalde electo por el municipio de San Andrés de Sotavento quedó separado de su cargo.
No obstante, la magistrada considera que es improcedente el decreto de la medida cautelar que separa del cargo al mandatario, también advierte que «las pruebas allegadas claramente resultaron insuficientes para establecer la fecha de retiro del servicio del demandado».
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Benítez Vega, además pone en tela de juicio el material probatorio, pues indica que solo se limita a dar cuenta del nombramiento y posesión de Satlin Madrigal Mercado como secretario de Educación de San Andrés de Sotavento el 26 de septiembre de 2016.
«Hasta ese momento procesal, el Tribunal carece de certeza sobre la fecha de culminación de las labores del demandado como secretario de la Alcaldía de San Andrés de Sotavento, afirmó.
Por otra parte, refutó la declaración juramentada ante el notario de tres personas, aduciendo que esta se hizo sin tener en cuenta a la contraparte y que no se deben dar por posibles los hechos relatados por los declarantes como lo hizo la Sala del Tribunal.