El imperio de uno de los grupos políticos más poderosos de Córdoba empieza a derrumbarse con la captura de uno de principales congresistas, Bernardo el «Ñoño» Elías y ahora tras la orden de captura contra el también senador Musa Besaile, un político, de 47 años, nacido en Sahagún, quien actualmente tiene abiertas siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.
Tiene una por presuntos vínculos con grupos paramilitares, la cual está en preliminares desde junio de 2007 y que actualmente está en pruebas en el despacho del magistrado Gustavo Malo.
La segunda es por el famoso caso de Odebrecht, pues se investiga si tuvo participación en ese escándalo. Tiene otras cuatro de las que no hay mayores detalles porque están en etapas de pruebas.
De igual forma se conoció que están archivadas diez investigaciones más, entre ellas por un proceso que le adelantaron por la votación de la reforma a la justicia.
A lo anterior se suma un nuevo lío. La declaración del exgobernador y antiguo socio político de Besaile, Alejandro Lyons Muskus, quien señaló que él entregó 600 millones de pesos para pagar al magistrado de la Corte, lo pone de nuevo en aprietos.
Lyons insiste en que ese dinero era producto de los actos de corrupción cometidos en la Gobernación de Córdoba y que tiene como testigo al Sami Spath, delante de quien entregó la suma en mención, pues ello formaba parte de los acuerdos suscritos con el congresista.
Política hecha trizas
La situación política en el departamento de Córdoba está hecha trizas. Los líos judiciales de los dos principales barones electorales, Musa Besaile y Bernardo Elías, hace necesariamente que se tenga que recomponer la baraja de candidatos que aspirará el próximo año.
Por lo pronto hay gran confusión en todas las esferas y una profunda preocupación en la Gobernación de Córdoba, pues hay fuertes rumores en el sentido que el mismo mandatario seccional, Edwin Besaile, hermano del congresista, también pueda ser capturado por haber pagado, presuntamente, la suma de 300 millones para que le ‘engavetaran’ un proceso judicial relacionado col pago de una suma superior a los 2.500 millones de pesos a los dueños de IPS que pertenecían al cartel de la hemofilia.
Por lo pronto la política está quieta. Los que aspiran han esperado darse una tregua para ver cómo se desarrollan los episodios que tiene convulsionada la actividad en esta sección del país.