En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagación preliminar disciplinaria contra el alcalde de Tierralta, Daniel ‘El Mocho’ Montero, por las presuntas irregularidades y sobrecostos en contratos para la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19 en su municipio.
Dicha investigación llega, tras las denuncias realizadas por la comunidad sobre los presuntos sobrecostos, ineficacia y simulación en la entrega de los paquetes alimenticios que debían ser entregados a las familias más vulnerables del municipio, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la propagación del coronavirus.
Según el documento emitido por el Ministerio Público, el mandatario tierraltense deberá enviar en el término de 10 días libres de distancia, copias del contrato de prestación de servicio o suministro que se haya suscrito como consecuencia de la declaratoria manifiesta por la propagación de la pandemia.
Además, tendrá que presentar los documentos que soporten la contratación a la que hace referencia hasta la fecha, entre los que se encuentra las distintas etapas del proceso: precontractual, contractual y postcontractual; listados de entrega de las ayudas; nombre de los interventores y demás registros que guarden relación con el contrato.
Toda vez que, el Ministerio Público reciba los documentos solicitados por parte del alcalde en mención, deberá determinar si este incurrió o no en alguna irregularidad o delito, y a partir de allí se tomará las medidas necesarias frente a una posible suspensión de cargo o archivar la investigación.
Finalmente, la comunidad, que ha sido la más perjudicada según las denuncias, espera que los entes de control ejerzan su autoridad frente a este caso, pues temen un presunto desvío en los recursos que debieron de ser empleados para las familias vulnerables en medio del periodo de aislamiento obligatorio.
