La Sala Penal del Tribunal Judicial de Montería falló en contra 14 acciones de tutela, que habían sido favorables en primera instancia, con las cuales obligaban a pagar una suma cercana a los 1.500 millones de pesos a maestros y personal administrativo del municipio de Lorica.
El órgano judicial también compulsó copias a la Fiscalía para que investiguen a los jueces Gabriel José Díaz, juez promiscuo del municipio de Buenavista, y a Luz Adriana Quintero Sakr, exjuez segundo promiscuo de Lorica, quienes habían avalado dichos pagos.
Los docentes reclamaban algunos recursos pendientes como la bonificación adicional por trabajar en zonas de difícil acceso y primas de servicio, mientras que el personal administrativo solicitaba la prima semestral, la prima técnica, la rehomologación, nivelación salarial y horas extras.
En Córodba hay mucha prevención en torno a las reclamaciones de los docentes, luego de haberse detectado el fraude a los recursos del Fondo de Previsión Social de los educadores, quienes reclamaban un millonario recursos por haber cumplido 20 años de servicio y 50 años de edad.
Ese cartel tiene a múltiples personas en la cárcel, especialmente jueces, razón por la cual los encargados de las decisiones judiciales tiene bajo la lupa todas las decisiones que impliquen millonarios recursos para ese concepto.