Toda una polémica gira entorno al reintegro de Rafael Amaya como presidente de Urrá luego de ser desvinculado de la empresa.
Como se recordará, fue un fallo de tutela ordenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, el que hizo posible su reintegro.
Al parecer, Amaya se habría valido de artimañas judiciales para seguir en el cargo y poder “echar tierra” a asuntos concernientes a la hidroeléctrica.
En la acción presentada por el funcionario de Urrá dice que al momento de sacarlo del cargo le faltaban menos de tres años para lograr su pensión de vejez, sin embargo, al parecer, Amaya ya tendría el número de semanas cotizadas solo le faltaría la edad.
Entre otras cosas se presume, que Amaya habría pagado entre 500 y 600 millones para que la justicia se volteara a su favor y pudiera recuperar su cargo.
Por si fuera poco, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolas Petro, habría metido mano en toda la situación.
Es de resaltar que, todo este escándalo se produce en un momento clave, teniendo en cuenta que esta empresa es la única hidroeléctrica del Caribe y que además se aproxima fenómeno de El Niño y un posible racionamiento.