La Gobernación de Córdoba no ha terminado de salir de un lío cuando ya está en otro. En los convenios para la atención al adulto mayor figuran ancianos fallecidos que plasmaron su firma o huella en los listados de asistencias a las actividades programadas por los contratistas, hay otros que no están en la base del Sisbén, un tercer grupo que no aparece en el listado de la Registraduría y otro más cuyos nombres no coinciden con el número de cédula.
La irregularidad fue detectada luego de una investigación realizada por la Veeduría Ciudadana Córdoba Posible, en el año 2016 con el programa que lidera la administración departamental con los recursos provenientes de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
De acuerdo con lo señalado por Jorge Bula, presidente de la veeduría, luego de hacer una investigación detallada sobre el hecho se pudo establecer que esos recursos se destinaban a centros de atención de ancianos sin licencia de funcionamiento o sanitaria, la inexistencia de un Centro de Bienestar al que le fueron destinados 488 millones,
concentración contractual, procesos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales, supuestas falsedades de documentos públicos.
También detectaron sobrecostos en dotaciones y servicios y lo más grave, que hay ancianos fallecidos en la lista de beneficiarios, nombres que no coinciden con los números de identificación y números de cédula que no se encuentran en las bases del Sisben y la Registraduría.
Listado de irregularidades
Pidió suspender transferencias
Ante esa situación, Bula solicitó al entonces gobernador, Edwin Besaile, que suspendiera provisionalmente la transferencia a los Municipios que se beneficiaran de los recursos provenientes del recaudo departamental de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor para la vigencia de 2017, mientras se subsanaban algunas anomalías presentadas en la supervisión de los convenios interadministrativos adelantada por parte de la Secretaría Departamental de la Mujer, Género y Desarrollo Social, que era la responsable de la Política de Envejecimiento y Vejez en Córdoba.
Explicó el abogado Bula que de acuerdo a la Ley 1276 de 2009, el Departamento debe distribuir y transferir a los
Municipios, los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, con el propósito de apoyar a los Centros de Bienestar y Centros Vida, de acuerdo con el número de ancianos atendidos en cada sede y dentro de este marco suscribió convenios interadministrativos con Sahagún, Chinú,
Ciénaga de Oro, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Valencia, San José de Uré y Los
Córdobas, por el orden de los cuatro mil millones de pesos.
La supervisión de este tipo de contratos estaba a cargo de la secretaria de Mujer, Género y Desarrollo Social, Sandra Gómez Urbina, quien era la encargada de las estrategias e inversión de los recursos de los programas sociales.