El representante Abel Jaramillo Largo es el vivo ejemplo de que en “Colombia quienes hayan cometido detrimento al patrimonio público pueden ser elegidos por voto popular” puesto que el actual Representante a la Cámara, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue elegido estando inhabilitado.
Según el auto 580 del 27 de septiembre del 2017 Jaramillo Largo se encontraba inhabilitado por una cuantía de $138.290.538.90 que adeudaba al municipio de Riosucio, Caldas, reportado por la Gerencia Departamental.
En tal sentido, durante la campaña, varios docentes aseguraron en una asamblea sindical de maestros de Educal Riosucio, que al consultar la página web de la Contraloría General de la Nación, encontraron que tenía una inhabilidad vigente, desde el 14 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2023.
Es decir, que dicha inhabilidad fue expedida antes de las elecciones, no obstante, el proceso continuo y el candidato no dio a conocer al partido su condición de inhabilidad, sino que luego de quedar electo pagó el 31 de mayo de 2018 la suma de $138.290.538.90 con el fin de saldar la deuda que adquirió como alcalde del municipio de Riosucio.
Luego de esto, la Directora de la Gerencia Departamental Colegiada de Caldas de la Contraloría General de la República, a través del Auto No. 11 del 6 de junio de 2018, archivó el proceso de cobro coactivo en favor de Abel David Jaramillo Largo.
Cabe resaltar que, la corporación admitió la demanda de nulidad electoral contra la elección del citado Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena.
Además, el demandado no puede contratar con el Estado ni desempeñar cargos públicos de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.