La senadora recién electa por el conservatismo Aida Merlano sería investigada por la corte Suprema de Justicia luego de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martinez le pidiera a la Alta Corte investigarla penalmente por haberle encontrado documentación que la compromete en compra de votos por más de 6 mil millones de pesos durante la jornada electoral del domingo 11 de marzo de 2018.
Como se recordará a la senadora electa le fue allanada la sede de su campaña en Barranquilla, en relación al tema el fiscal señaló. “Allí habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR), para identificar y hacer seguimiento a los ‘líderes’ encargados de la compra de los votos”, precisó el fiscal Martínez.
La sede de dicha campaña es una vivienda cocida como la «Casa Blanca» ubicada en la carrera 64 con calle 81B, barrio Paraíso, allí llegaron las autoridades después que un anónimo o fuente no formal informara a la Dijin de Bogotá y a la Fiscalía el pasado 9 de marzo, que en la sede política de la entonces aspirante al Senado Aida Merlano, ofrecían dádivas a quienes llevaran nombres de personas para votar a favor de la candidata.
La denuncia advirtió que en el lugar se había organizado una empresa delictiva para comprar votos, con miras a la elección de la aspirante. Fue así como el pasado domingo pocos minutos después de las elecciones las autoridades realizaron el allanamiento al lugar. No fue fácil para los investigadores obtener información de inteligencia, previa al allanamiento pues nadie quería hablar, sin embargo otra fuente anónima confirmó la información acerca de la entrega de dádivas.
Según la Fiscalía esta misma persona dijo que a las personas que llegaban a la sede ‘Casa Blanca’ “se les retenía la cédula y luego se las devolvían el día de las elecciones para que salieran a votar a favor de la aspirante.Luego con el certificado electoral, constancia que sí habían sufragado, les pagaban.
Según la Fiscalía tres meses atrás se venían reclutando líderes en barrios populares de Barranquilla y municipios del Atlántico, a los cuales les pagaban 4 mil pesos por cada persona que zonificaban mientras que a los zonificados les habrían pagado 20 mil al tiempo que les «decomisaban» la cédula para que no se inscribieran en otra zona. Después con el certificado electoral les terminaban de pagar 40 mil pesos o más. Mientras que a cada líder cada líder le pagaban 10 mil por cada certificado de votante. Sin embargo el pago estaba sujeto a la verificación para lo cual sobre cada certificado era grapado un papel con el código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del «líder» al que se le atribuía el voto.
“De esta forma se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña”, explicó la fiscalía.
De acuerdo con las autoridades en la «Casa Blanca» se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional con la información que relaciona a los «líderes», el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. De esta forma diariamente en la Casa Blanca se movían alrededor de 300 millones de pesos.
Tras el allanamiento fueron capturados Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña y hermana de la congresista; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales y Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores., quienes ayer fueron presentadas ante un juez de control de garantías en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, por los presuntos delitos de corrupción al sufragante, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y porte ilegal de armas de fuego. de estos el juez admitió únicamente el de corrupción al sufragante, los demás fueron considerados por el juez 1o. Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, Alberto Oyaga Machado, como improcedentes.
Al momento del allanamiento y las capturas la senadora electa no se encontraba en el sitio.
En el caso de lavado de activos el funcionario dijo. «No se confirmó que la procedencia del dinero sea ilegal». El enriquecimiento ilícito tampoco lo aceptó, «porque no existe un análisis del punto de partida para saber si hubo un crecimiento en el patrimonio de los capturados». Y en cuanto al porte ilegal sostuvo «que no existía el mínimo de tipicidad, ya que los dueños de las armas aparecieron».
Como se sabe durante el allanamiento también fueron decomisadas una pistola calibre 9 milímetros marca Glock, de fabricación austriaca; una escopeta calibre 12 marca Mossberg, un revólver calibre 38 y otro calibre 32. todas sin salvoconductos.
Sin embargo, el equipo de abogados defensores de los capturados, integrado por Noé Gómez, Romeo Pérez, Carlos Jiménez y Hernán Varón, argumentaron que la pistola Glock es de Aida Merlano, y que tiene salvoconducto. Sobre la escopeta y el revólver calibre 38, aseguraron que pertenecen al vilgilante que labora en horarios nocturnos y que tienen su documentación.
De la escopeta afirmaron es un regalo a la representante del fallecido abogado y exdiputado Armando Blanco Dugand. Sobre el otro revólver hallado, un calibre 32, afirmaron que había sido despojado a una persona que entró armada al comando ese domingo y que el vigilante diurno lo decomisó el aparato.