El departamento de Chocó le está haciendo ‘competencia’ a Córdoba en cuanto a casos de corrupción. Hasta el momento hay 45 personas judicializadas, casi el mismo número que en esta sección del país.
La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, luego de la jornada Bolsillos de Cristal, realizada en Quibdó, presentó el balance de las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación.
Se roban la salud
La investigación permitió establecer que hay una presunta apropiación de 101 millones de pesos, provenientes de recursos de copagos de pacientes del hospital San José de Tadó por parte de directivos de la entidad, entre ellos el gerente y los pagadores, durante los años 2012, 2013 y 2014.
Al parecer, los funcionarios utilizaron facturas falsas para justificar la ausencia de los recursos y por ello la Fiscalía investiga a los indiciados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Por esa situación, el pasado 14 de junio fueron capturados Ana Leidy Copete Armijo, exgerente del hospital; Marisol Ledezma González, Yocira Lozano Mosquera, Yair Perea Gómez y Anyi Jhojana Moreno Murillo, pagadores del hospital.
El Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Tadó impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de la gerente del hospital, Ana Leidy Copete Armijo, y medida de detención domiciliaria en contra de Yair Perea Gómez y Anyi Jhojana Moreno Murillo, pagadores.
Pensionados falsos
La Fiscalía General de la Nación investiga a un grupo de maestros que, a través de un apoderado judicial, habrían utilizado documentos públicos falsos para hacerse reconocer el pago de pensión gracia vitalicia por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), que alcanzó a pagarles aproximadamente novecientos millones de pesos.
El pasado 16 de junio fueron capturados por este hecho los profesores Raquel Machado Vivas, Fresys Alberto Martínez Perea, Cruz Elena Murillo Hurtado y Edgar Ramiro Mosquera Tovar.
En audiencias concentradas ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de garantías se les imputaron a esos profesores los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. El juzgado les impuso medida de aseguramiento, consistente en prohibición para salir del país.
En un proceso relacionado con irregularidades en pensiones de maestros, la Fiscalía capturó a Jorge Eliécer Rentería Terán, ex secretario de Gobierno del municipio de Nóvita, a quien se le imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento pública y falsedad material en documento público. Igualmente, se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
En este proceso se logró un preacuerdo, cuya verificación está prevista para el próximo 22 de agosto, cuando un juez de conocimiento deberá avalar los términos del mismo.
Adicionalmente, dos de los imputados, Franklin Copete y Heildelger Alexander López (abogados), fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento público falso, estafa agravada y fraude procesal. Los dos abogados se allanaron a cargos y la respectiva audiencia de verificación se realizará en los próximos días.
Falsificaban diplomas
También investigan una red de falsificación y montaje de calificaciones, monografías y actas de grado en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, que habría operado entre 2014 y 2015.
Debido a la actuación de esa red, en la que estarían comprometidos directivos y exdirectivos de la Universidad Tecnológica del Chocó, se expidieron más de cien títulos falsos de abogados.
La Fiscalía imputó a ocho personas por los delitos de cohecho, falsedad material, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Igualmente, el pasado 27 de junio fueron capturadas las siguientes personas: Jhon Mario Díaz Cañadas, abogado litigante; Caleth Leudo Palacios, contratista de Aguas del Chocó; Jorge Yair Córdoba Perea, abogado litigante; Elizabeth Quejada Mayo, juez de control de garantías de Quibdó y docente de dicha Universidad; Yarbin Seyder Conto López, defensor público y docente de la Universidad; Diego Luis Córdoba; Maira Yulenny Córdoba Martínez, abogada litigante; Rinson Vivas Martínez, abogado litigante; David Humberto Moreno Cuesta, empleado de la Secretaría de Salud Departamental; José Aristídes Herrera Mena, administrador de una estación de servicios; Tatiana Moreno Córdoba, abogada litigante; Brilly Yaneth Moreno Mena, abogada litigante, y Yeseli Montenegro Cuesta, egresada no titulada.
Predial indígena
La funcionario dijo que también están tras la pista de presuntos actos de corrupción relacionados con la destinación de 2.190 millones de pesos percibidos por el predial indígena en el municipio de Bagadó.
Esos dineros habrían sido apropiados de manera irregular por parte de funcionarios de la administración municipal de Bagadó, mediante convenios de pago y procesos ejecutivos falsos.
La Fiscalía pudo establecer que los dineros del predial indígena se destinaron a pagar irregularmente procesos ejecutivos laborales, respaldados por resoluciones fraudulentas, sin números y fechas visibles, y sin registro presupuestal.
Esos pagos irregulares habrían favorecido a familiares y amigos de la administración municipal y el pasado 15 de junio, la Fiscalía obtuvo ocho órdenes de captura que se realizarán en los próximos días.
Una vez se realicen esas capturas, la Fiscalía les imputará los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso con falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Los Calvos
El listado continúa con la presunta extorsión de la que fue víctima la empresa Red de Servicios de Occidente S.A., la cual corresponde a la unión de los establecimientos Gana y Supergiros, durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2015 al mes de marzo de 2017, en el que la banda delincuencial autodenominada Los Calvos, a través de llamadas vía celular exigió a dicha empresa la suma de 50 millones de pesos y una cuota mensual de tres millones de pesos para poder ejercer la actividad comercial que desarrollan en el municipio de Quibdó, utilizando como medios intimidatorios la realización de disparos a las instalaciones donde funcionaban algunos puntos de la empresa en mención en la ciudad de Quibdó, resultando lesionadas algunas empleadas. La empresa se vio avocada a cumplir con las exigencias económicas.
El 22 de junio del año en curso fueron capturadas, imputadas y cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, las siguientes personas: Carlos Andrés Rodríguez Rivas, Judith Arelice Iriarte Martínez, Carmen Julia Uparela Manchego, Leidy Johana Pérez Osorio, Guillermo Dumaza Chamy, Janny Amparo Sáenz Fernández, José Miguel Moreno Chaverra, María Luisa Palomeque Murillo, Wilson Bonilla Robledo, Yan Carlos Simanca Torres y Harold Valois Córdoba.