Perú estalló en polémica cuando el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo donde se clasifica la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como «problemas de salud mental» en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud de dicho país.
El público no tardó en reaccionar, rechazando fuertemente el decreto, “haber incorporado a estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales y, por tanto, ha merecido el rechazo de la institución”, dijo la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez
Ante las reacciones al decreto, el Ministerio de Salud salió a aclarar que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos y explicó que la actualización del PEAS se hizo en aras de “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”, ya que las aseguradoras deben cumplir con este listado.
“En ese marco, expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país (…) El Minsa reafirma categóricamente el respeto a la dignidad de la persona humana”, añadió la entidad.
Por su parte, Flor Pablo, congresista independiente y exministra de Educación, dijo que “esto es inaudito y por eso he pedido públicamente a la presidenta de la República que esta norma sea derogada de inmediato. No podemos seguir retrocediendo”.
También agregó que el Gobierno y Congreso peruano es “liderado por fuerzas políticas de extrema izquierda y derecha, vinculadas a organizaciones religiosas fundamentalistas y homofóbicas, que se han unido para reducir derechos y eliminar políticas públicas que se venían implementando hace más de una década”.