En las últimas este miércoles 22 de enero, se registró un escándalo en la alcaldía de Medellín protagonizado por una comunidad indígena.
El grupo de personas ingresó de forma violenta al centro administrativo Alpujarra en donde está ubicada la administración municipal y empezaron a vandalizar las oficinas a su paso con palos y machetes.
Hasta el lugar tuvo que hacer presencia el Esmad de la Policía para atender la situación y lograr calmar a los manifestantes.
Según información de Rodrigo Vitucay Tequia, gobernador de la comunidad indígena desplazada, indicó que se encontraban en el lugar protestando de manera pacífica en el centro de la ciudad para reprochar supuestos incumplimientos del mandatario distrital, Daniel Quintero Calle. Al parecer, tendrían molestia por los constantes operativos que adelantan en contra las actividades de mendicidad, denominado por los manifestantes como una forma de trabajo.
“Ellos no cumplen nada, nosotros hicimos un encuentro para ayudas y derechos y nosotros vinimos a hacer cumplir nuestros derechos. Nosotros venimos con toda la familia porque estamos sufriendo y la Alcaldía de Medellín no cumple ni colabora nada”.
En este acto de vandalismo están implicadas, al menos, 800 personas que habrían llegado al Valle de Aburrá desplazadas del departamento de Chocó, territorio azotado por diferentes estructuras criminales. En los videos e imágenes registradas por medio de las redes sociales se observa a niños, niñas y adultos mayores.
Toda esta situación que alteró el orden público, dejó como resultado varias oficinas destruidas, vidrios rotos, enseres tirados, entre otras cosas.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero se pronunció por medio de su cuenta de Twitter lanzando un ultimátum a la comunidad indígena, sosteniendo lo siguiente: “no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”.
Finalmente, el personero William Yeffer Vivas Lloreda detalló que la inconformidad directa es con la subsecretaria de Espacio Público y la Policía de Infancia, que les ha cerrado el paso en el momento en que identifican prácticas irregularidades en las calles, con el objetivo de proteger a los menores de edad que están expuestos a las supuestas violaciones.