Al parecer este lunes el exsenador del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se declararía culpable del supuesto ingreso de 1,6 millones de dólares a su campaña en 2014 y por ello la Fiscalía no pediría medida de aseguramiento en centro carcelario.
El también excandidato presidencial, aceptaría en la audiencia los cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular. Esa sería la estrategia de su defensa, admitir dichos cargos.
Cabe mencionar que, Zuluaga es señalado de haberse reunido en su apartamento en Bogotá con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de la multinacional en Colombia, donde se habría pactado un aporte de 1,6 millones de dólares para “pagar parte de los servicios que el publicista ‘Duda’ Mendoça prestaba a la campaña”.
Además, su hijo, David Zuluaga, también será imputado por el delito de fraude procesal, quien en aquel entonces era el gerente de la campaña presidencial de su padre.
En este caso, de acuerdo con la Fiscalía, Zuluaga y su hijo le habrían ocultado al CNE información sobre la colaboración económica de Odebrecht. “Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular”. Por estos hechos, el Código Penal contempla penas entre 6 y 12 años de cárcel, sumado a una multa de hasta 1.000 salarios mínimos.
El siguiente delito es falsedad en documento privado, relacionado con la alteración o simulación de documentos. En este caso, las evidencias indica que, pese a que el excandidato sabía del aporte ilícito de Odebrecht, le presentó al CNE una contabilidad omitiendo el aporte. Por ello, se establecen penas de cárcel de hasta 9 años.
Finalmente, Zuluaga responderá por el delito de enriquecimiento ilícito de particular, relacionado con un incremento patrimonial no justificado. De acuerdo con el ente investigador, al presentar esa contabilidad supuestamente irregular al CNE, el entonces candidato del Centro Democrático logró que se hiciera efectiva una reposición de votos por cerca de $25.000 millones. Por este delito la pena puede llegar a ser de hasta 15 años de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos.