Luego que la Superintendencia de Sociedades ordenara nuevamente la postergación de las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería para el período 2023 – 2026, los afiliados y empresarios denuncian abuso de autoridad en el aplazamiento de elección de Junta Directiva.
Argumentando algunas presuntas irregularidades en el proceso, la Super Sociedades determinó una nueva fecha para elección de la junta directiva, la cual debe llevarse a cabo el 2 de marzo del 2023.
Asimismo, ordenó a la Cámara de Comercio de Montería, la depuración del censo electoral del 31 de octubre del presente año y el 15 de enero 2023 deberá proceder a la publicar el censo definitivo.
Sin embargo, algunos de sus afiliados y empresarios indican que con esta situación se están violando derechos políticos de elegir y ser elegido, tanto para los candidatos, como para los votantes ya que aplazan las elecciones basadas en una queja y en una actuación administrativa que aún no ha sido notificada a la entidad.
A pesar de que, la Cámara de comercio había enviado en los tiempos acordados la lista de los candidatos, verificando que estos sí fueran comerciantes, la Superintendencia en su momento respondió que no tenía ningún tipo de observación con ellos, y ahora sorpresivamente manifiesta que algunos no cumplen requisitos aludiendo que algunos estaban afiliados en el Sisben.
Lo anterior deja en el aire la pregunta ¿Acaso una persona desplazada o de estrato uno, dos y tres o no pueden ser comerciantes?
A continuación leerá una de las constancias que dejó uno de los afiliados ante la Procuraduría, entidad que estaba presente como garante del proceso.
En el día de hoy, siendo las 8:35AM, asisto a la Cámara de Comercio de Montería para ejercer el derecho a votar, que hago parte del censo electoral, pero al ingresar a las intalaciones y presentar mi cédula de ciudadanía, los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, me informan que no puedo votar porque las elecciones fueron suspendidas, sin que a la fecha se hubiere avisado.
Me dirijo ante el delegado de la Procuraduría Regional de Córdoba y me manifiesta que el proceso electoral había iniciado y si a la fecha no se había notificado resolución de suspensión, el proceso continuaba. Para ello, llamó al Presidente Ejecutivo para que definiera la situación. Los funcionarios de la Superintendencia mencionaron que la resolución estaba en internet, pero en la baranda virtual
no aparecía.
Mis derechos políticos de elegir, solo pueden ser restringidos o suspendidos por autoridad judicial y no por autoridad administrativa. Y por lo menos, debió informarse o notificarse la decisión a todos los afiliados del censo electoral y eso no ha ocurrido.