Las reclamaciones de cobro por parte de la IPS Funtierra ya fueron auditadas, así lo dio a conocer la secretaria de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, Natalia Figueroa Muñoz, que además confirmó que la entidad fue llamada a conciliar.
La funcionaria reveló que ya estaban listos los resultados de la auditoria por parte de la Universidad de Cartagena, la misma que llamó a iniciar un proceso de conciliación a la IPS, tal y como suele hacerse en estos tipos de procesos.
En su momento, el gobernador Orlando Benítez Mora se negó a pagar las cuentas de los años 2014, 2015 y 2016, las cuales, superan los 26 mil millones de pesos, por lo que Superintendencia de Sociedades en sentencia judicial ordena la suspensión del acuerdo de restructuración de pasivos (Ley 550).
No obstante, la auditoría contratada por el departamento de Córdoba asegura que las cuentas presentadas por la IPS no tienen ningún tipo de soporte legal para realizar pagos.
En este orden de ideas, si el mandatario departamental, hubiese hecho el respectivo reconocimiento de esos pagos, actualmente estuviese atravesando un proceso judicial que podría terminar en cárcel o con su destitución, tal y cómo el pasó al exgobernador Edwin Besaile.
El estudio que llegó a la Secretaría de Salud de Córdoba y que posteriormente fue remitido a la Gobernación sugiere, no realizar pagos, pues de hacerlos el departamento correría riesgos jurídicos y financieros.
Así las cosas, se espera que, toda vez se inicie el proceso de concilacion entre la firma auditora, la gobernación de Córdoba y la IPS Funtierra, esta última realice los respectivos descargos y muestre el supuesto soporte legal.
En caso de que esto suceda la firma auditora deberá revalidar y constatar la información.
¿Quien desangra la salud en Córdoba?
Esta situación revelada tras el informe de auditoría que hoy sacude al departamento, amenaza con ponerlo nuevamente en el ojo del huracán.
Sin embargo, luego que Benitez se negó a pagar las “cuentas sospechosas” la historia dio un giro inesperado, tratando de no repetir escenario pasados como el del exgobernador Edwin Besaile y el exsecretario de salud de ese entonces Jaime Pareja, quien fue destituido por hacer pagos a Funtierra tras orden judicial.
Lo que llama aún más la atención es el especial interés de la Superintendencia de Sociedades en presionar y amenazar a la Gobernación de Córdoba con tumbar la Ley 550 si no se reconocen los pagos a la IPS en mención, los mismos que, al parecer no tienen ningún soporte legal.