Así lo advirtió el presidente del Concejo de Montería, Leonel Márquez Sanes, en su columna semanal titulada: “Vacunación Covid: Nos Preocupan Los Niños y Los Jóvenes”, publicada en varios medios virtuales de la ciudad de Montería.
El concejal deja ver su preocupación ante la decisión tomada por el Invima mediante Resolución No. 2021031941, de 30 de julio de 2021, en la que autoriza al Ministerio de Salud y Seguridad Social “implementar un intervalo entre 21 y 84 días para administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine” en la población de 12 años en adelante.
“La Resolución del INVIMA resulta llamativa y nos llena de preocupación, puesto que en ella misma se le dice, y he ahí su contradicción, al Ministerio de Salud y Protección Social que “podrá implementar un intervalo entre 21 y 84 días para administrar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, señala el Concejal Márquez Sanes.
Adicionalmente, el Concejal Márquez apunta que la decisión del invita la cual es el fundamento para que el Ministerio de Salud ordenara a las EPS espaciar la segunda dosis de vacunación en el grupo Etario de 12 años en adelante, no cuenta con evidencia científica y va en contravía de los estudios realizados por la misma farmacéutica fabricante del biológico, quienes han sido claro en señalar que: “El estudio de la fase 3 de Pfizer y BioNtech sobre la vacuna Covid 19 se diseñó para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna tras un programa de dos dosis, separadas por 21 días. La seguridad y la eficacia de la vacuna no se ha evaluado en diferentes esquemas de vacunación, ya que la mayoría de los participantes en el ensayo recibieron la segunda dosis dentro del intervalo especificado en el diseño del estudio”.
Efectivamente, este medio pudo corroborar que a la población de niños y jóvenes de entre 12 a 18 años se les viene programando su segunda dosis de vacunación con el biológico de Pfizer-BioNTech con un intervalo de 12 semanas.
En consecuencia, el concejal de Marras hace un llamado a los niños y jóvenes del país y a sus padres de familia, para que, ante la arbitrariedad, el abuso y la irresponsabilidad tanto del INVIMA como del Ministerio de Salud y Seguridad Social acudan ante las instancias constitucionales para salvaguardar los derechos fundamentales de la vida, la salud y prevalencia de los derechos de los niños y niñas.
Le puede interesar: