Alcaldía de Montelíbano nuevamente en la lupa de la Procuraduría por corrupción

Alcaldía de Montelíbano nuevamente en la lupa de la Procuraduría por corrupción

La Procuraduría General de la Nación descubrió que 3 gobernaciones del país y 15 alcaldías entregaron a financiadores de campaña jugosos contratos por cerca de 6 mil millones de pesos, entre ellas figura la Administración Municipal de Montelíbano, Córdoba.

De acuerdo con el ente de control, la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano, en cabeza de José David Cura Buelvas, celebraron tres contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones, pese a que está prohibido ejecutarlos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.

Así las cosas, la Procuraduría indicó que abrirá una investigación contra Cura Buelvas y los demás mandatarios que celebraron contratos en esta modalidad, quienes además tendrán que darlos por terminados mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren.

Como se recordará, este no es el único hecho de corrupción en el que está envuelto el alcalde de Montelíbano, debido a que la Procuraduría también le abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el pasado mes de junio por irregularidades en la contratación de programas y servicios para superar la emergencia sanitaria por el Covid-19.

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Según el procurador Fernando Carillo, esto se logró establecer tras verificar los contratos celebrados con financiadores de campañas en 2019 que superaron el tope del 2%.

Fue así como en los 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), figuraron 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019, entre los cuales 18 estaban inhabilitados, pues entregaron más de 620 millones a sus candidatos elegidos, sin embargo, dichas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral.