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Opinión

Retomar el norte para recuperar el sur

Columna de Opinión

Por: Carlos J. Álvarez

La ecuación es simple, si le quitamos el ciudadano a los criminales, desaparecerá la violencia. Para lograr tal fin es necesario desarrollar una serie de soluciones.

Este tiene que ser el norte que deben tomar los entes territoriales, departamento y municipios, en la solución a la compleja y grave situación de orden público que se presenta en la subregión sur del departamento de Córdoba, comprendida por los municipios de Valencia, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José De Úre.

Las causas de la violencia en el sur del departamento de Córdoba, en el norte (Bajo Cauca) y nordeste Antioqueño, están plenamente identificadas: drogas ilícitas, minería ilegal, rutas del narcotráfico, control territorial por parte grupos criminales, pobreza, ausencia institucional y corrupción política, policial y militar.

Es preciso y pertinente detenernos en este punto para explicar la grave situación de inseguridad en esta zona del departamento de Córdoba.

El territorio en mención ha estado bajo control del grupo delincuencial organizado del narcotráfico autodenominado Autodefensas Gaitanistas De Colombia -AGC- o Clan Del Golfo como es denominado por fuentes castrenses.  Actualmente las AGC o Clan Del Golfo se encuentra en disputa por control territorial y manejo del narcotráfico con las estructuras criminales de “Los Caparrapos” (La Fuerza militares le cambiaron el nombre por el de “Los Caparros”), el ELN y las disidencias de las Farc.  

Es de señalar que “Los Caparros”, por un acuerdo de no agresión pactado con las AGC a mediados del año pasado (2019), continuaron con el control del nordeste Antioqueño (Tarazá, Cáceres – Piamonte), acuerdo que trajo como consecuencia la disminución de la tasa de homicidios en la región -racionalización de la violencia-. Sin embargo, desde el mes de diciembre, la guerra nuevamente comenzó con mayor intensidad.

Existe una alianza entre “Los Caparros”, las disidencias de la Farc y El ELN en contra de las AGC, grupo este que aún mantiene su ideología de AUC, lucha antisubversiva, por lo que fuentes en el territorio confirman la existencia de una alianza de estas con sectores de la Fuerza Pública.

Actualmente, el Clan Del Golfo tiene el control territorial y absoluto del sur de Córdoba, excluyendo algunas veredas de San José De Uré en límites con la Caucana, Antioquia, territorios en disputa. Caucasia, capital del Bajo Cauca y epicentro comercial de toda esta zona, está, igualmente, en disputa. En el casco urbano de Caucasia proliferan las extorsiones, incluso pagan doble tributación, a los AGC y a “Los Caparros”.

Ahora bien, el Clan del Golfo controla más de la mitad de las drogas que sale de Colombia, tienen un ejército en crecimiento de más de 2.000 mil hombres, controlan todos los municipios del sur del departamento. Son la máxima autoridad tanto militar, política, judicial y administrativa.

Como se sabe, el Clan Del Golfo es liderado por Darío Úsuga, alias Otoniel. Este cartel fue heredado por Otoniel de Daniel Rendon Herrera, alias Don Mario, miembro de las AUC y cercano a los hermanos Castaño Gil. Tras la farsa del acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito, don Mario formó rápida y casi de forma inmediata con disidentes de varios boques de las AUC su propio ejército, tomando el control de la región de Urabá, zona estratégica para el control y tráfico de cocaína por su salida al Océano Pacífico y al Mar Caribe. Otoniel es un hombre de guerra, lo único que supo hacer en la vida, y que hace, es la guerra. A sus 16 años ingresó a las filas del EPL, luego tránsito por la Farc, hasta convertirse en lo que es hoy: El mayor capo del narcotráfico de Colombia.

Por su parte, “Los Caparrapos” o “Los Caparros”, son una estructura criminal surgida dentro del Bloque Mineros de las AUC, comandado por Cuco Vanoy, extraditado a los EEUU. Controlan y ejercen operaciones en los municipios de Tarraza, Zaragoza, Caucasia, Jardines, Nechi y Ayapel. Entre las filas del Bloque Mineros estaba Virgilio Peralta Arenas, alias Víctor Caparrapo, quien tomó ese alias por ser oriundo de Caparrapí – Cundinamarca. De allí derivan su nombre “Los Caparros”.

Luego del sometimiento a la justicia y posterior extradición a los EE­-UU de los máximos jefes de las autodefensas, en el gobierno Álvaro Uribe, “Los Caparros” adquieren su propia personería jurídica bajo la representación criminal de alias Víctor Caparrapo, continuaron con su presencia en el Bajo Cauca y sur de Córdoba reclamando autonomía para el pleno control territorial; desde allí controlan la siembra, producción, comercialización y tráfico de Cocaína y la explotación de minería ilegal.  

Se conoce que el año 2011, “Los Caparros”, como grupo armado ilegal, pasaron hacer parte del proyecto societario de las AGC, asociación esta que se enfrentaría militarmente con los Paisas, Los Rastrojos y Águilas Negras.

Después de una guerra fratricida y sangrienta que se irradió por todo el departamento de Córdoba y el Uraba antioqueño, las estructuras criminales de Los Paisas y Los Rastrojos pactan un armisticio con la AGC en la que se acuerda que los primeros dejarían con el control territorial del Bajo Cauca y el sur de Córdoba a las AGC. Posterior a este acuerdo e inmediatamente las AGC procedieron hacer la redistribución territorial entre sus estructuras criminales confederadas.  Fue así como a los Caparrapos al mando de Víctor Caparrapo se le permitió continuar con  su presencia en Caceres y Tarazá; Rubén Darío Ávila, a nombre de las AGC, quedaría a cargo de todo el Sur de Córdoba.

Así repartieron los “Gaitanistas” el control de la cocaína y del oro producto de la minería ilegal hasta que las Farc firmaron el acuerdo de paz en el año 2016 y salió de la región. Lo anterior generó un vacío de poder y un espacio territorial especialmente en la zona del Nudo Del Paramillo, estratégico corredor del narcotráfico, lo que traería como consecuencia a principios del año 2017, la liquidación de la sociedad criminal entre AGC y “Los Caparros”, disputándose, entonces, a sangre y fuego ese territorio. Quedó sin piso el acuerdo societario de las distintas organizaciones criminales confederad|as en las AGC, declarándose una guerra, como lo afirman ellos mismos, “hasta el último muerto”.  

Por otra parte, distintas investigaciones coinciden en señalar que “Los Caparros” vendieron su franquicia a la Oficina de Envigado, quedando esta estructura, según información de inteligencia militar, en manos de Alias Caín, quien habría obtenido apoyo económico, entrenamiento militar y suministro armamentístico por parte del cartel mexicano de Jalisco, denominando Nueva Generación. De allí que la violencia se haya degradado con prácticas como las decapitaciones, muy común y recurrente entre carteles mexicanos.

Otra práctica son los “homicidios ejemplarizantes”, como lo señala Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, ya no se asesinan 20 o 30 personas al mismo tiempo, sino que asesinan a 1 o 2, pero con total sevicia encarnizamiento y salvajismo, además utilizan métodos de actos impacto con los que buscan crear mayor zozobra y miedo en los habitantes, como son los casos de detonaciones de artefactos explosivos en sitios de concurrencia publica, tal  como ha ocurrido recientemente en San José De Úre y Caucasia.

Hay que señalar adicionalmente, que las AGC aumentaron en hombres su presencia militar en la zona, acrecentando su accionar criminal, pero esta vez con un ingrediente execrable, la presencia de mercenarios del cartel mexicano de Sinaloa.

Como si fuera poco la amalgama de estructuras criminales organizadas con presencia en la región, le faltaría un componente adicional y es la corrupción y convivencia de estos grupos con sectores de la fuerza pública, combustible que aviva la difícil situación de violencia en la zona, la cual ha conllevado al agrietamiento y la pérdida de confianza de las comunidades con la fuerza pública.

El año pasado portales de noticias, Análisis Urbano y La Nueva Prensa, informaron que miembros de las fuerzas militares adscrita a la VII división del ejército dejaron escapar al Jefe de los Caparros alias Caín y al segundo cabecilla alias Flechas, los cuales figuran en carteles como los delincuentes más buscados y sobre los cuales se ofrecen una gran suma de dinero de recompensa por su captura o muerte. Alegaron los militares de la operación que no tenían una orden judicial de allanamiento del sitio donde se encontraban los criminales.  

La corrupción política permea, igualmente, el sistema democrático en esa Zona del país. En San José De Uré fue asesinado un precandidato a la alcaldía, muerte asociada a su actividad política, y en Caucasia y Tierralta fueron detenido por vínculos con bandas criminales sendos aspirantes al concejo municipal; lo anterior aunado a la financiación con dineros ilegales a varias campañas políticas locales.

Este es el panorama del control territorial por parte de grupos ilegales en la basta zona del Sur de Córdoba, lo que ha conllevado a que la base de su economía no sea otra que la producción de pasta de coca y la extracción y comercialización de oro, actividad que se desarrolla de forma mayoritaria a través de la minería ilegal. En la zona se calcula que existen por lo menos cerca de 21 mil hectáreas de coca y un inconmensurable potencial minero. Los mineros artesanales legales deben comercializar sus productos con las bandas criminales o con las personas que ellos autoricen, de no hacerlos las consecuencias son la ejecución o el desplazamiento.

Adicionalmente, en la región brilla por su ausencia el Estado. Es nimia la presencia institucional, lo cual ha hecho que las Organizaciones Criminales ejerzan autoridad política, militar, administrativa y judicial. Son las organizaciones criminales la que determinan el horario de locomoción de los ciudadanos, cobran impuestos por el sacrificio de ganado, otorgan permiso para la realización de fiestas, juzgan e imponen penas por la orientación sexual de los habitantes de la zona, construyen carreteras, controlan los comicios electorales e imponen candidatos en época de elecciones, fijan precios; en fin realizan un sinnúmero de violaciones a los DDHH. Sin embargo, para algunos habitantes del Sur de Córdoba pertenecer o mantener relaciones interpersonales y comerciales con los grupos criminales le da estatus social -normalización de la violencia-; un niño no quiere ser bombero, médico o un súper héroe, quiere ser “paraco”, lo cual es apenas lógico, pues, los habitantes de esta región a lo largo de cinco décadas no han conocido otra autoridad que la ejercida por grupos violentos.  

¿Qué hacer entonces, cuáles son las soluciones que deben buscar los entes territoriales para recuperar el Sur de Córdoba?

No es una tarea fácil, se necesita voluntad política y el esfuerzo mancomunado de instituciones nacionales, regionales y hasta de cooperación internacional que involucre a la sociedad civil, que permitan recobrar el norte para redescubrir el Sur. Tales soluciones deben pasar desde lo militar hasta la construcción de un nuevo horizonte igualitario de alcance territorial, una nueva ideología de la igualdad, de la propiedad social, de la educación y del reparto de los saberes y de los poderes; un empoderamiento al ciudadano para arrebatárselo a los violentos… A esto se le llama inclusión social y política. Pero estos temas específicos lo trataremos en la segunda parte de este artículo.

Por último, señalamos de forma categórica que no son con medidas equivocadas y superfluas, como las de pagar recompensas y las de decretar ley seca en el territorio (estas medidas fueron tomadas por las autoridades gubernamentales y militares por los hechos acaecidos en San José de Uré), como se soluciona el problema de orden público en la región, eso sería una forma de minimizar y simplificar la problemática y denota una expresión auténtica de impotencia del establecimiento en la búsqueda de soluciones reales.

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