Por: Erasmo Zuleta Bechara
Bien conocido es el concepto de fuga de cerebros utilizado para nombrar la manera en que el país pierde talento humano que podría contribuir en la construcción de una mejor sociedad. Ciertamente, el talento humano y los profesionales con capacidades extraordinarias son esenciales si queremos progreso en nuestro país. Sin embargo, estos profesionales no son el único recurso vital que se le escapa a Colombia pues exactamente lo mismo sucede con los ahorros de los colombianos administrados por las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones), aseguradoras, fiduciarias y establecimientos de crédito. A junio de 2020 los anteriores cuatro tipos de inversionistas administraban unos 742 billones de pesos. Es decir, el 74% del PIB nacional.
Bastante paradójico que sus inversiones en poco benefician al tejido empresarial del país al cual pertenecen. Solo por dar un ejemplo, las AFPs, el inversionista más grande, tiene un 40% de los recursos que administra en el exterior. Allá nuestros recursos financian gobiernos y compañías extranjeras en su tarea de mejorar la calidad de vida en los respectivos países donde se encuentran. El resto está invertido en deuda pública y en el sector financiero local a través del mercado de acciones o en títulos de deuda.
Es decir, las AFPs también invierten en los bancos que son sus propietarios. Por lo demás, solo un 1.3% de los recursos que manejan las AFPs está invertido en el tejido empresarial colombiano. Es ese pequeño porcentaje el único que fortalece a la economía nacional desde sectores como el inmobiliario, construcción de obras civiles, emprendimientos, agropecuario, salud, entre otros.
No es casualidad que algunos países de la región hayan limitado el porcentaje de recursos nacionales que los fondos de pensiones pueden invertir en el extranjero. Así lo hizo México, donde apenas el 20% está en el extranjero, Uruguay, que no permite más del 18% en promedio, y Brasil, que apenas permite el 10%. Muy por el contrario, en Colombia el límite de inversión llega al 57%.
Hasta la OCDE, el club de buenas prácticas del cual Colombia es ahora miembro ha reconocido que estos recursos son una excelente fuente de financiación a largo plazo para países emergentes. Estos recursos podrían estar contribuyendo a materializar proyectos de infraestructura, educación y salud, los cuales mejorarían sustancialmente la calidad de vida en Colombia.
El argumento de estos inversionistas es plantear una dicotomía entre salvaguardar las pensiones de los colombianos e invertir en el país. Lo anterior es totalmente falso. Las dos cosas no son excluyentes porque se pueden hacer juntas bajo una gestión adecuada del riesgo. Es como si los bancos dijeran que no pueden prestar los recursos de sus ahorradores porque se perderían. Además, es desconocer que en nuestro país hay empresas robustas en diversos sectores sin contar con el potencial humano que tenemos.
Es inconcebible que tengamos una institución como Procolombia, cuyo objetivo es atraer inversión extranjera, y permitamos que el músculo inversionista nacional se vaya del país. Los colombianos promovemos el turismo nacional y hacemos campañas para concientizarnos de la importancia de comprar colombiano, pero no nos importa que nuestros propios ahorros se nos vayan de las manos y estén en el extranjero creando el progreso que aquí nos hace falta.
Siendo plenamente consciente de este panorama, y del nivel de pobreza que el año pasado alcanzó un escandaloso 48% en áreas rurales, presenté un proyecto, en compañía de veinte congresistas provenientes de diferentes vertientes políticas, que tiene por objetivo hacer que como mínimo un 3% de los recursos que manejan las AFPs se inviertan en Colombia.
Esto inyectaría unos 4.7 billones adicionales a las inversiones actuales en el país. Estando próximos a finalizar el 2020 se nos viene un período donde hay que pasar de las buenas intenciones y las palabras, a los hechos. Hoy, más que nunca, el país requiere de nuestra confianza para que invirtamos en lo nuestro.