Este martes 25 de agosto, la Procuraduría señaló que la Corte Suprema de Justicia debe enviar a la Fiscalía el caso de falsos testigos, por el que es investigado el expresidente y exsenador de la República, Álvaro Uribe Vélez.
El Ministerio Público, insiste en el llamado del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
Razón por la cual señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista de su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.
“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos desde el señor presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”, advierte en el comunicado la Procuraduría.
De acuerdo con la tesis del Ministerio, con la renuncia, desaparece la competencia de la sala de instrucción de la Corte Suprema, toda vez que los cargos por los que se investigado Uribe corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.