Al uniformado inicialmente le fue impuesta una sanción por la Inspección General de la Policía, sin embargo, por decisión del Consejo de Estado quedará inhabilitado más de 10 años.
Tras recibir la sanción porque le comprobaron que estando en servicio, ingirió licor, el policía acudió al Alto Tribunal, para que le revocaran el castigo y exigió que se le pagaran los sueldos dejados de percibir después de su destitución.
El Consejo de Estado concluyó que al uniformado se le respetó el debido proceso y negó las pretensiones de una demanda a través de la cual, el patrullero buscaba que se dejara sin efectos la decisión de destituirlo e inhabilitarlo durante 10 años.
Al policía inhabilitado se le logró comprobar que estando en servicio, ingirió bebidas embriagantes en un establecimiento comercial de Pisba (Boyacá) y en la misma estación de Policía de ese municipio.