En las últimas horas, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Córdoba condenó a 120 meses de prisión a Alfredo Ceballos Blanco, excoordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, tras el preacuerdo que logró la Fiscalía para demostrar su responsabilidad en la apropiación de más de 1.500 millones de pesos destinados al suministro de medicamentos a pacientes con hemofilia.
En medio de las investigaciones, el hombre fue acusado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, a los cuales admitió haberlos cometido en el marco del denominado ‘cartel de la hemofilia’ en el departamento de Córdoba.
Como se recordará, los hechos que originaron la investigación en mención están relacionados con el pago de 1.525 millones de pesos que realizó la Gobernación de Córdoba en el mes de mayo de 2016 a la Institución Prestadora de Salud (IPS) San José de la Sabana, por el presunto suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermos con hemofilia y/o Von Willebrand.
Los presuntos beneficiados con estos suministros serían 14 pacientes falsos, a quienes en ese entonces hicieron pasar como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios del departamento, sin que existieran los documentos que justificaran los pagos efectuados.
Fue entonces cuando Ceballos Blanco, entonces coordinador del PAI, emitió actos administrativos falsos para justificar el desvío de los dineros públicos, hecho por el cual el Juzgado señaló que estaba ante una falta grave y de impacto social.
Por su parte, la Fiscalía demostró ante el juez que el excoordinador, desde su cargo, el cual estaba vinculado a la Secretaría de Salud Departamental, permitió que los dineros de la salud favorecieran a particulares y puso en riesgo a personas de escasos recursos que no tenían dinero para acceder en forma particular a especialistas ni conseguir los medicamentos para aliviar sus enfermedades.
Así las cosas, Alfredo Ceballos recibe su segunda condena por el polémico cartel de la hemofilia, teniendo en cuenta que en 2018 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería lo condenó a 8 años y 8 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público.