Para la defensa del gobernador Edwin Besaile resulta muy extraño que la Procuraduría General de la Nación hubiera prorrogado la suspensión por espacio de tres meses más, sin aportar las pruebas que soportaran tal decisión.
Según lo indicado por el jurista Julio César Ortiz, podría tener alguna relación con la época política que se avecina en la que se escogerá el nuevo presidente de los colombianos.
Reiteró que el procurador no tiene ningún fundamento político para tomar esa decisión y sin embargo, dejaron por fuera del cargo al mandatario Besaile, pese a demostrarse que la cuenta fue pagada por el entonces secretario de Salud, Jaime Pareja, quien tenía autonomía para el manejo presupuestal.
Advirtió que no es cierto que Besaile pueda ejercer algún tipo de interferencia en el proceso investigativo, porque no fue él quien pagó la cuenta a la IPS San José de la Sabana por la atención de 14 pacientes falsos de hemofilia y que una vez conoció el hecho, hizo las denuncias correspondientes y tomó medidas que impidieran seguir desangrando las finanzas de Córdoba.
Advirtió que todos los documentos que ha solicitado la Procuraduría han sido aportados al igual que a la Fiscalía, en aras de esclarecer los hechos y de esa manera demostrar su inocencia en los casos de corrupción denunciados en Córdoba.
«Llevan tres meses recopilando documentos y no se les ha negado nada, así que no entendemos por qué siguen hablando de interferencia. La prórroga de la suspensión no tiene ningún fundamento y por ello creeríamos que tiene más bien un tinte político», reiteró el abogado defensor.
También señaló que esta vez no se quedarán quietos y que están analizando la situación para instaurar una acción de tutela, pues los ciudadanos están viendo afectado el derecho a que sus gobernante, elegido democráticamente, atienda el deber que le corresponde.
El gobernador se reunió en Montería con los abogados Olga Giraldo, Julio César Ortiz, abogado ante la Procuraduría, y Germán Palacio con el fin de definir acciones tendientes a garantizar los derechos del mandatario y de la comunidad, pues consideran que no había ningún fundamento legal para prorrogar la suspensión.