Luego que la comisión encargada de practicar exhumaciones de cadáveres víctimas de los grupos paramilitares denunciara amenazas y falta de garantías para adelantar dicho proceso, la Fuerza Pública en Córdoba deberá prestar acompañamiento permanente en dichas diligencias, así lo determinó el Gobierno nacional mediante orden directa a la Institución armada.
De acuerdo con los quejosos los cadáveres a exhumar corresponden a personas que fueron desaparecidas y asesinadas por Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, quien también acompaña a la comisión en dicho proceso.
La diligencia se adelanta en las poblaciones de Río Nuevo, Volador, Guasimal, Villavicencio, Matamoros, Villanueva, La Apartada-Tierralta, localizadas en zonas rurales de los municipios de Valencia, Montería y Tierralta, donde los paramilitares cometieron , despojos, masacres y obligaron al desplazamiento de muchas familias.
En el año 2006 se entregó a las autoridades en medio del programa de Justicia y Paz, en medio de dicho programa y tras pertenecer al bloque ‘Mineros‘ de las AUC, dio a conocer detalles de masacres, desapariciones y de los despojos de miles de hectáreas en el Urabá. Esto debido a la confianza que en él depositaron los entonces máximos jefes de las AUC Vicente y Carlos Castaño Gil, fue escolta de Vicente Castaño. Confesó ser el asesino del jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, y reveló la ubicación de fosas comunes.
Monoleche como fue identificado en el paramilitarismo, también fue acusado de los homicidios y la desaparición de los hermanos Juan Fernando y Diego Andrés Vélez, ocurridos en Planeta Rica (Córdoba) en el 2007 e, igualmente, por el asesinato en enero del 2011 de Luis Fernando Claros Guerra, excontador de Vicente Castaño Gil.
Como se recordará alias «Monoleche» purgó una pena de 9 años y 11 meses de prisión en la cárcel de alta y mediana seguridad de Itagüí (Antioquia). En septiembre del año pasado (2016) Jesús Ignacio Roldán,orden de libertad de un juez por pena cumplida.
Sin embargo, el magistrado también le impuso unas restricciones. Con estas se le ordena no salir del país sin orden judicial, deberá notificar cualquier cambio de residencia, no podrá contactar a las víctimas ni portar armas de fuego.