El barrio Costa de Oro es uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Montería, y que a lo largo de los años se ha caracterizado por su tranquilidad, aseguran los residentes del mismo. Hoy los habitantes de este sector están molestos y temerosos por la ubicación en la calle 28 número 16-50 de un centro de resocialización de menores apoyado por la ONG Fundación Villa Soñada respaldada por el ICBF.
Es de aclarar que los inquilinos aseguran que no están en desacuerdo con la idea de la creación de este tipo de centros que buscan la rehabilitación de la juventud que padece de problemas como; drogas, rechazo familiar, vandalismo entre otros, si no con la infraestructura que no cuenta con las condiciones.
“No estamos en contra del trato que le están brindando a los menores en ese lugar, porque sé que ellos son unas personas que requieren de esa atención, pero sí queremos que en el sitio donde los atiendan puedan tener un desarrollo integral que les ayude a mejorar su estilo de vida sin interrumpir nuestra tranquilidad”, señaló una habitante del sector.
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Además dijo, “mi inconformidad es porque la semana pasada que llegué con mis hijas del colegio, fui víctima de piropos vulgares y palabras obscenas hacia mis niñas que tan solo tienen 15 y 11 añitos, también he presenciado a los jóvenes en ropa interior en la terraza y ya mis hijas no pueden salir solas por esa situación. Hoy precisamente, vi cuando uno de ellos lanzó su bolso por la reja y se escapó del centro de atención”.
Otra persona expresó, “estamos muy molestos porque este es un sector residencial y un barrio tradicional, tranquilo. Pero ahora nos estamos viendo perturbados porque permitieron esta modalidad de internado en el sector”.
“Yo no tengo nada en contra de los menores, que se están resocializando, pero sí estoy molesto porque están más 25 jóvenes en hacinamiento dentro de esa casa de dos pisos, construida para una familia de escasas 10 personas; nos han robado la tranquilidad. Es normal que yo mande a mi hija a la tienda y me le digan vulgaridades, palabras obscenas, salen a orinar en la puerta de la casa, en fin, un sinnúmero se situaciones incómodas”. Agregó el afectado.
Asimismo, las más de 50 personas que están opuestas a que este instituto funcione en ese lugar, aseguran que Planeación Municipal les negó el uso del suelo para funcionar allí y que sin embargo ya llevan más de una semana instalados en el sector.
Por su parte, el secretario de gobierno, Salin Ghisays, manifestó “esta es una zona residencial y sé que Planeación Municipal negó el uso del suelo y por ende no cuenta con el permiso para funcionar allí”.
Y agregó que “sin embargo, ellos tienen plazo de un mes para obtener el permiso y si a ese tiempo siguen sin legalizarse, tendrán que cambiar de lugar. Ya Secretaría de Gobierno entró a revisar. Miraremos el tema esta semana entrante de acuerdo a la ley 232 para posteriormente cerrar el sitio, porque ese no es el lugar para montar estos negocios y la misma planeación ya negó el uso del suelo”.
Por otro lado, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Francia López, dijo “efectivamente en Montería no hay un centro que cuente con la infraestructura con todas las características que nos exigen para este tipo de centros, la entidad está en la búsqueda de unos inmuebles que puedan cumplir con las mínimas condiciones”.
“Sin embargo, yo creo que el tema va más allá, esta es una situación desafortunada porque nuestras comunidades rechazan estas instituciones donde se albergan los niños, por eso estamos haciendo un llamado a la comunidad para que sepan que la responsabilidad de los niños es de todos y que es inconcebible que hagan este tipo de despidos”, agregó la Directora.
No obstante, López aseguró que todas estas problemáticas ratifican la falta de un centro especializado que cumpla con las condiciones de infraestructuras y que se han venido trabajando este tema en los consejos de política social en aras de buscar los sitios adecuados.
Por el contrario, la comunidad insiste en que no es por rechazo a los menores, sino porque ese es un sector residencial que no cuenta con las condiciones ni con el permiso para estar establecidos allí.
Y aseguraron “si Secretaría de Planeación o de Gobierno, no cierra ese establecimiento, ya tenemos recogidas por la comunidad inconforme más de 50 firmas para resolver el problema por las vías legales”.
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