EL juzgado octavo ambulante con funciones de control de Garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la cárcel Las Mercedes de Montería, contra la abogada Katherine Cogollo, esposa del actual magistrado Ramón Jaller, procesada por el cobro de pensiones del sector de la educación a la Fiduprevisora, por un monto cercano a los 80 mil millones de pesos en el proceso denominado Carrusel de la educación en Córdoba.
La medida que objeto de recursos de apelación ordenó la detención de la abogada por los delitos de cohecho y peculado por apropiación ,prevaricato por acción, mientras se le resuelve su situación en segunda instancia donde el Tribunal Superior de Córdoba, Sala penal deberá emitir un fallo ratificando o no la medida.
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Como se sabe en el mismo proceso 11 personas también fueron enviadas a la cárcel sindicadas de formar parte del desfalco al sector educativo en el municipio de Lorica.
En la oportunidad la medida de aseguramiento cobijó a secretario de Educación de Lorica, Alberto Aparicio Ávila; Edwin de Jesús Salgado Guerrero y Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa, secretarios del Juzgado Civil del circuito de Lorica y el vicepresidente de la Fiduprevisora, Jorge Eliécer Peralta Nieves.
A los abogados Álvaro Enrique Burgos del Toro, Zamir Antonio Chagüis Flórez, hermano del actual alcalde de Cereté, Salim Chagüi; Albeiro Ramón Mangones Figueroa, Jesús Eduardo Mangones Renal, Álvaro Antonio Narváez Llorente, Guillermo Raúl Renal Nova y Ramón Enrique Puentes Álvarez, también les fue dictada la misma medida.
¿Cómo fue el desfalco?
Los involucrados falsificaban documentos, poderes y resoluciones e iniciaban acciones para el reconocimiento de pensiones ilegales, a un determinado número de profesores durante los años 2010,2011 y 2012. En la mayoría de los casos los profesores no se enteraban de los cobros y de los pagos. Para lo cual lograron el concurso de jueces, abogados y funcionarios de la Secretaría de Educación de Lorica.
Así los 80 mil millones de pesos se hicieron efectivos, la Fiduciaria y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debieron pagar esos dineros, según lo dio a conocer en su momento el entonces director de fiscalías, Orlando Ospitia Garzón.
Tras la investigación el Juzgado 79 de Control de Garantías de la capital de la República. expidió 22 órdenes de capturas, en algunos casos no se han hecho efectivas porque los implicados se encuentran huyendo.