Por Victorino Gasparin
Mucho aspaviento y tremenda bulla con la intervención de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Electricaribe, lo que hoy 15 de noviembre del 2016 muchos celebran con jubilo o como una independencia sería más falso que verdadero.
Luis Guillermo Vélez Cabrera secretario general de la presidencia y adscrito al partido de la U, ex superintendente de sociedades del Gobierno de Juan Manuel Santos es el dueño actual de la supersociedades, su pupilo y escudero José Mendoza es quien la dirige actualmente, este a su vez tiene en el cargo como súperintendente delegado de energía y gas, a José Fernando Plata Puyana. Es así como estos señores del partido de la U manejan este ente que hoy interviene Electricaribe.
La Superintendencia con la intervención está actuando de acuerdo a la ley, la de Electricaribe se está dando en dos sentidos, inicialmente por dos meses que podría extenderse por uno o dos años, lo vivido hoy no va encaminado a liquidar la empresa como han expresado algunos mandatarios regionales, la intervención es administrativa y financiera, toda la operatividad de la empresa seguirá igual como hasta ahora; El nuevo agente especial de la intervención Javier Alonso Lastra Fuslcado tiene la misión de buscar recursos, mejorar el modelo económico que aplica la compañía, este es el mismo caso que se presentó en empresas como Emcali, Enelar, empresas de energía del Arauca que después fueron devueltas a sus propietarios.
De buena fuente conocí que hoy la compañía tiene los recursos para pagar la energía que se compra a las generadoras, lo que no posee son las garantías para que estas le suministren, así que la noticia de dicha intervención el dia de hoy tendría tintes políticos de distracción por todo lo que está pasando con los acuerdos de la habana, y otros temas caso Hacker que se están ventilando desde la semana pasada, para tapar un escándalo, se organiza otro para que se olviden del anterior. La burocracia política y repartición de contratos ya está hecha. Con la Intervención nuevamente los políticos tendrá su cuota y bastante alta en lo que dure la intervención y eso ya tiene nombre propio.
La Intervención administrativa financiera ya cortó sus primeras cabezas, José Garcia Sanleandro, piedra en el zapato de los políticos en los proyectos de inversión fue separada del cargo y se prevé que rueden más cabezas directivas que manejan los proyectos Prone y Faer que es donde está el dinero que hoy se habría repartido entre los políticos de la U, que como pueden ver son los que más han hecho eco de la noticia.
Lo cierto es que la intervención no ocultará los problemas de calidad del servicio, el Plan Caribe 5 no arranca y su gerente Edgardo Sojo que ocupaba la cartera hoy presidente de Electricaribe no mostró los resultados en el avance de los proyectos, como siempre ese YO con YO, el agente interventor es más político que técnico administrativo, bastante cuestionado por su sanción, perdió su investidura como concejal de Bogotá en septiembre de 2009, luego de que se comprobara que fue contratista de entidades estatales, 12 meses antes de las elecciones que le permitieron llegar al Cabildo Distrital. Según el fallo, el dirigente acordó convenios contractuales actuando como representante legal de la firma Fiduprevisora, (S. A.) que oficiaba como agente liquidador de Adpostal, momentos en los que ya había inscrito su nombre como candidato al Concejo de Bogotá, para el período 2008 – 2011.
Además del contrato que por 40 millones celebró con Adpostal, suscribió uno nuevo con el Archivo General de la Nación por 795 millones y uno restante con el Agustín Codazzi, también por 40 millones.
Las inversiones que le reclamaban a Electricaribe las tendrá que hacer el agente interventor, y no sabemos de dónde saldrán los recursos si supuestamente la compañía esta descapitalizada, de ahí que todo lo de hoy sería una cortina de humo y el problema de fondo seguirá, solo se garantiza el suministro de energía con títulos del Estado, se incrementarán las brigadas de mantenimiento que hoy son insuficientes. Los damnificados son proveedores y contratistas que verán tardíos sus pagos y pueden llegar a la quiebra, quedarán muchos desempleados con esta funesta intervención que solo apunta a satisfacer el apetito burocrático de los congresistas.