Por: Roberth Angulo
A escasos meses de culminar su periodo, y después de casi ocho años al frente del Ministerio Publico, en donde se hizo célebre por defender sus posiciones conservadoras y religiosas, el Procurador más polémico de las últimas décadas, termina su ciclo por una decisión histórica del Consejo de Estado que anula su elección en el Congreso de la Republica.
“Se acaba de cumplir el primer pacto de la habana, la expulsión del procurador” con esa frase lapidaria el procurador ALEJANDRO ORDOÑEZ se refirió a la decisión del Consejo de Estado de declarar nula su elección.
Para nadie es un secreto las posiciones asumidas por el Procurador desde ese Ministerio en contra de los acuerdos de la Habana, en días anteriores tuvo una de sus últimas arremetidas contra el Gobierno, cuando expresó; el país está “naufragando en coca” y que la suspensión del glifosato obedeció a un “gravísimo error del gobierno” para “complacer las demandas de las FARC”.
En estas líneas no discutiré el fondo del fallo emitido por el Consejo de Estado, pues aún no lo conozco, pero si es claro, que independiente de la decisión que debía adoptar ese Tribunal, esta resulta tardía y deja un tufillo que todo el que se oponga al plebiscito corre peligro.
El Procurador Ordoñez es el segundo funcionario que cae, en días pasados fue suspendido un Magistrado, el Cordobés Jorge Ignacio Pretelt, de quien también todos conocen su posición frente a este espinoso tema del plebiscito.
Creo en la justicia Colombiana y no quiero pensar que esta se ha puesto al servicio de los intereses del ejecutivo. Las posiciones que asuma cualquier ciudadano Colombiano, en torno a los acuerdos de paz con las Farc, deben respetarse y no deben ser objeto de represalias por ninguna autoridad y menos de la Justicia, irrespetar la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes sería sumamente peligroso y catastrófico para la institucionalidad del País, más aun en este momento histórico que busca acabar con más de 50 años de conflicto.
Resulta muy coincidencial que a menos de un mes para las elecciones para refrendar los acuerdos de la Habana, el Consejo de Estado le dé una estocada certera al principal opositor del plebiscito junto al ex presidente Álvaro Uribe, esta decisión que parece más política que jurídica me deja muy preocupado y me pone a pensar de cara al futuro de mi patria.
Que no me venga el Consejo de Estado con el cuento, que lo que se declara es la nulidad de la elección y todos los actos emitidos en su momento por el Procurador General son legales, que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tampoco tienen ninguna responsabilidad disciplinaria o penal al ternarlo, cuando no era posible su reelección, y que para el jefe de la cartera tampoco hay ninguna sanción.
Este es un fallo histórico sin antecedentes en la historia del país, donde por primera vez se tumba a un procurador en ejercicio y como tal debe tener unas consecuencias jurídicas y unos responsables, porque de no ser así estaríamos necesariamente ante un fallo eminentemente político.
Últimamente en Colombia, vemos como el Presidente de la Republica, conmina a la rama judicial a fallar prontamente sobre investigaciones trascendentales para el país que cursan en sus despachos, eso huele a intromisión, dejemos que las instituciones actúen por si solas, eso sí enmarcadas bajo el ordenamiento jurídico y cuando incurran en omisiones o vencimientos de términos a ellos se les aplique la sanción respectiva, pero respetemos su independencia y frenemos esas indiscreciones que solo generan o crean un manto de dudas sobre la imparcialidad de la justicia.
En ningún estado de derecho hay poderes omnímodos. El control y el respeto por las diferencias son claves para el fortalecimiento de la institucionalidad, nadie debe inmiscuirse en las decisiones que deba tomar cualquier rama del poder público y estas deben ser acatadas y cumplidas por todos. Que Dios sea el protector de nuestro estado de derecho, para que por el bien de la patria se respete la separación de poderes y Colombia no sea víctima del inicio y consolidación de un Gobierno Anárquico.
Al Procurador Ordoñez hay que reconocerle que ha sido el procurador con más resultados en su gestión, decisiones controvertidas, otras ajustadas a derecho, algunas muy apegadas a sus concepciones religiosas, pero lo que si no le puede desconocer es sus resultados, destituyó a más de 1.500 Alcaldes y 82 Gobernadores, cifras y sanciones nunca antes vista con otros procuradores, implemento los procesos verbales para acabar con los tortuosos largos procesos ordinarios que nunca terminaban, en su paso por la entidad no hubo quien se salvara de la aplicación del poder disciplinario, cayeron uribistas, santistas y de izquierda.
La decisión del Consejo de Estado de tumbar al Procurador, sin lugar a dudas favorece los intereses del Ejecutivo y le quita del medio al Gobierno otra talanquera en su búsqueda para lograr la refrendación de los acuerdos de la Habana en el plebiscito del 02 de octubre, pero de demostrase que este fallo obedeció a presiones políticas y no jurídicas, se habría firmando el derrocamiento a nuestro estado social de derecho y preservarlo está por encima de cualquier interés.
Les parece poco el acto de corrupción de hacerse reelegir?, eso también es violar la constitución, así como lo hizo Uribe con el articulito. Para completar aplicar sus convicciones personales por encima de la reza nuestra carta magna.