La Corte Constitucional tumbó una ley que permitía la designación de un miembro de la Conferencia Episcopal hacer parte del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
La ley 119 de 1994 permitía que la Conferencia Episcopal hiciera parte de la junta directiva del Sena, lo que la Corte considero que el Estado es laico confesional y neutral, por lo tanto la iglesia no debe participar en los órganos directivos, de lo contrario habría que incluir a otras religiones.
Según la Corte al permitir un miembro en la directiva se estaría vulnerando el derecho a la libertad religiosa, privilegiando a la iglesia católica frentes a las otras religiones.
Para tomar la decisión la Corte solicitó las opiniones de la Conferencia Episcopal, del Sena, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, de la Adventista, la del Movimiento Misionero Mundial, entre otros cultos.