La Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, pagar el salario de pensión a 106 madres comunitarias que desde 1988 no tuvieron ningún reconocimiento salarial.
Esta demanda, podrá costarle a la nación 1.4 billones de pesos, pero sí más madres presentan tutela sería 17 billones de pesos.
Por lo tanto la Corte considera que se presentó un trato discriminatorio de género que se mantuvo por un tiempo considerablemente extenso, pese a la existencia de la garantía constitucional de prohibición de discriminación de género en el trabajo. El fallo resalta que estas mujeres prestaron cumplidamente sus servicios como madres comunitarios.
Cabe resaltar que estas madres iniciaron su labor de manera solidaria, no accedían a prestaciones laborales, y desde el 2014 es que reciben una remuneración por parte del Estado.