Un nuevo lío tendrán que enfrentar el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y su antecesor, Alejandro Lyons. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ambos, al igual que a los exsecretarios de salud Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, por haber autorizado el pago de cinco mil millones de pesos por terapias de neurodesarrollo a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que existiera contrato con el departamento para la realización de las mismas.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal le reprochó al gobernador Besaile Fayad no ejercer vigilancia y control sobre los actos de su delegatario, el secretario de Salud, Jose Jaime Pareja Alemán, quien ordenó mediante la resolución No. 00002, del 13 de abril de 2016, el pago por servicios por 1.194.750.000 a Funtierra Rehabilitacion I.P.S., sin que mediara relación contractual con la Gobernación de Córdoba.
El Ministerio Público dice además que el exgobernador Alejandro Lyons Muskus al parecer incurrió en la misma conducta de su sucesor al no ejercer vigilancia y control sobre los actos de su delegatario, el entonces secretario de Salud, Edwin Preciado Lourdy, quien a través de las resoluciones 001267 de 20 de mayo de 2015; 001516, de 11 de junio de 2015; 002529, de 28 de julio de 2015; 002765, de 6 de octubre de 2015, 005223, de 4 de noviembre de 2015; 005806, de 11 de noviembre de 2015, y 08320, de 15 de diciembre de 2015, ordenó el pago de servicios de salud por valor de 3.793.685.048 millones de pesos a Funtierra Rehabilitacion I.P.S, por la misma causa.
La Procuraduría calificó la falta del gobernador Besaile, el exgobernador Lyons y los exsecretarios de salud como gravísima y ahora los imputados tienen 10 días para responder el pliego de cargos y solicitar la práctica de pruebas.
La representante legal de Funtierra, Tania Otero, ha señalado en ocasiones anteriores que los servicios se prestaron, tras acciones de tutela interpuestas por los familiares de los niños enfermos e incluso amenazó con instaurar demandas por las cuentas que aún no le había pagado la administración departamental, pese a que no la habían contratado formalmente.
Los secretarios de Salud de Lyons y de Besaile pagaron unas cuentas que además incluían las meriendas para los pacientes y una cuota adicional destinada a la recuperación de los mismos.
El Ministerio Público investiga si en este caso también habría pacientes fantasmas, aduciendo que los funcionarios no podían reconocer un servicio sin tener por lo menos un contrato formal para la atención de los mismos.
“Con la prueba se demuestra que la Gobernación de Córdoba y Funtierra IPS trataron de fijar las condiciones de la prestación de servicios de salud consistentes en terapias de neurorrehabilitación con posterioridad a que la institución del sector salud presentó ante la entidad territorial las facturas de cobro de los servicios que aparentemente prestó”, dice el pliego de cargos.
Hay que indicar que el gobernador Besaile había señalado en su momento que las cuentas presentadas por la IPS en el 2014 habían caducado y por ello intentó una conciliación para que Funtierra no los demandara.