Desde el municipio de Lorica, en Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que, la cobertura de alcantarillado en todo el departamento de Córdoba es del 43%, es decir que el 57% de la población (un millón de personas aproximadamente) no tiene acceso a ese servicio en el departamento, siendo la ruralidad el sector con menos cobertura, al registrar tan solo el 11,9%.
Así lo revela un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que fue elaborado a partir de un trabajo en terreno adelantado por funcionarios de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente y de las Regionales Córdoba y Sur de Córdoba.
“Esta problemática lleva a que las aguas residuales se viertan directamente a los cuerpos de agua, sin ningún tipo de tratamiento, lo cual genera contaminación de los ríos, lagos y quebradas, afectando la salud de las personas y la calidad del ambiente”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El informe también permitió establecer que los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes no son eficientes, además, en muchos casos no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental, lo que agudiza la contaminación de los cuerpos de agua.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo el bajo nivel de cobertura de alcantarillado en los municipios de San Carlos (0%), Tuchín (39%), Moñitos (44%), Momil (50%) y Cereté (59%), lo que representa un alto riesgo de vulneración de los derechos de las comunidades e impacta negativamente en su calidad de vida y bienestar.
“Urge que las autoridades competentes implementen acciones que promuevan una mayor cobertura y acceso al servicio, necesario para garantizar un entorno más saludable para los habitantes del departamento”, fue el llamado de Carlos Camargo Assis.
Agregó que es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la prestación del servicio de alcantarillado para garantizar que los municipios cumplan con los objetivos establecidos en sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
“Promover la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales también es imperativo, especialmente en los municipios con altos niveles de población sin acceso a alcantarillado, así como implementar programas de educación y concientización para la población, con el fin de promover el uso adecuado del servicio de alcantarillado y la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua”, enfatizó el Defensor del Pueblo.