Hace pocas horas la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024 en donde advierte que hay una grave situación de riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de los municipios cordobeses de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento
El riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de “limpieza social”.
Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.
“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señaló el Defensor Carlos Camargo Assis.
La expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero, de las AGC, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como fin crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.
A ello se suma la generación de un escenario de disputa asimétrica entre el Javier Yepes y el Frente Manuel José Gaitán, de las AGC, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona.
Lo que está ocurriendo ha derivado en el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales; igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).