Las víctimas son la prioridad y el punto de referencia para alcanzar una sociedad que entiende la dimensión de la tragedia que hemos vivido y acoge con generosidad a aquellas personas cuya desdicha ha sido el padecimiento del conflicto. Esa consciencia de nuestro deber y responsabilidad con las víctimas tuvo un importante momento institucional hace más de una década, con la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su vigencia ha dejado en evidencia aspectos para mejorar. Por ello, es importante el esfuerzo del Congreso de la República en la actualización del mencionado instrumento legal, buscando realizar una transición histórica en materia de reconocimiento y materialización de los derechos humanos de las víctimas de la violencia en el territorio colombiano.
Durante la vigencia de la 1448 evidenciamos que las víctimas no pueden ser vistas como meras receptoras de medidas de asistencia y atención; el enfoque, por lo tanto, debe ser de reparación real del daño causado por la guerra y garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales (Desc). La idea con el proyecto de Ley 358 de 2024/Cámara, el cual presentamos como iniciativa legislativa desde la Defensoría del Pueblo, es que sea incorporado un enfoque de Desc para las víctimas del conflicto armado, incluido el enfoque interseccional y el enfoque de derechos en la ayuda humanitaria. También, que sean protegidas las personas víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo, reconocidos los militares como víctimas del conflicto armado, diseñados programas para atender a las niñas, los niños y adolescentes en situación de orfandad a causa del conflicto y otorgada autonomía financiera a las ‘Mesas de participación efectiva de víctimas’ sin trámites eternos ante los entes territoriales, entre otras.
El desafío es grande. Hoy tenemos un universo de víctimas que bordea los diez millones de personas, y los 135,5 billones de pesos que representan el esfuerzo fiscal hecho por los gobiernos nacionales desde el 2012 hasta la fecha es insuficiente. De hoy al 2031 se requieren 252,4 billones, cifra que equivale, en términos comparativos, al 22 por ciento del Presupuesto General de la Nación, por lo que garantizarla supondrá un esfuerzo colectivo sin precedentes. Sabemos de los esfuerzos que ha venido haciendo el Gobierno de turno por las víctimas del conflicto; sin embargo, son muchos los desafíos que aún tenemos. Debemos enviarles un mensaje a las generaciones futuras de responsabilidad, solidaridad y sentido ético de hacer lo correcto, máxime que seguimos sumando nuevas víctimas del conflicto por la falta de voluntad de las estructuras armadas ilegales frente a la oportunidad que promueve la política de paz total.
Lo anterior no solamente influye en el aumento de la incertidumbre, sino que las obligaciones del Estado con las víctimas van in crescendo. Quiero destacar la utilidad del proyecto de ley que impulsamos en el Congreso para avanzar en un recorrido que necesita acelerar el paso en un rumbo cuya legitimidad está anclada en la metodología participativa aplicada, a instancias de los rigurosos procesos de información, consulta y consenso, con aliados de la academia, de la comunidad de víctimas, de la sociedad civil y de nuestra Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto (y su experticia), que por más de diez años ha venido asesorando a las víctimas en los distintos territorios de la geografía nacional.
El trámite en el Legislativo ha enriquecido el proyecto en lo relacionado con estándares de reparación integral, justicia, reparación simbólica, memoria, garantías de no repetición, principalmente, situación que aplaudimos en la Defensoría. Vamos por fin a tener un sistema armonizado de justicia transicional, como lo ha reclamado la comunidad internacional, en el que nuestra iniciativa se pueda convertir en una norma bisagra entre la ley de Justicia y Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como en los procesos de paz venideros. Porque, nunca será un lugar común, las víctimas de la barbarie ocasionada por el accionar azaroso de las armas siempre y solo siempre deben estar en el centro –es un imperativo– para que reciban las debidas y justas reparación efectiva y garantía de sus derechos.