El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras analizar los argumentos de cada uno de los involucrados, tomó la decisión de tumbar el decreto con el que se designó como embajadora en misión especial a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.
Recordemos que la decisión, tomada por la Sección Primera del Tribunal, se dio a conocer luego del debate que generaron posturas como la de la Procuraduría, que pedía tumbar el Decreto 0035 de 2023.
En ese sentido, Petro designó a Alcocer en una misión especial que le permitió ir a la Ciudad del Vaticano para una audiencia con el papa Francisco, lo cual para el demandante no estaba bien. Esto porque el jefe de Estado es un servidor público ligado «por matrimonio o unión permanente con la allí designada», es decir, con Verónica Alcocer, dice un oficio de la Procuraduría frente al tema.
En efecto, la norma que, para el demandante Harold Sua se incumplió es el artículo 126 de la Constitución Política del 91, en el que se aclara que los servidores públicos «no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente».
En ese orden de ideas, para la Procuraduría «el señor Presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica Alcocer, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente, razón por la cual se debería declarar la nulidad del numeral primero de este acto administrativo».
En conclusión, la esposa del presidente Petro no podrá seguir realizando las actividades que desarrollaba como embajadora, ahora deberá seguir sus obligaciones estrictamente como Primera Dama del país.