Un escandaloso y bochornoso caso judicial fue dado a conocer por Semana, en el que están involucrados varios policías de la Metropolitana de la ciudad de Bogotá. Cuatro uniformados habrían participado del secuestro de una pareja de esposos en un CAI.
Según la denuncia, los uniformados exigían 30 millones de pesos por dejarlos en libertad y, de paso, evitar una captura. La historia de este escándalo en la Policía tiene fecha: 25 de septiembre de 2023.
En el expediente los agentes señalaron que habían solicitado a dos de los detenidos, una pareja de esposos, porque en su contra, había órdenes de captura. Los uniformados, identificados como el subintendente John Gabriel Arciniegas y los patrulleros José Éver Lagos, Arturo Antonio Castañeda y José Arley Torres, convirtieron un procedimiento de identificación en un operativo contra dos estafadores buscados por la Fiscalía y que debían ser capturados de manera inmediata, a menos que pagaran.
Pero no fue solo la exigencia de dinero. La Fiscalía aseguró que los uniformados les hicieron seguimiento y perfilamiento a las víctimas. Tenían fotografías de sus recorridos, direcciones de la residencia y datos familiares que por momentos convencían en la veracidad de las supuestas órdenes de captura. Incluso, un policía simulaba hablar con una fiscal.
Las órdenes de captura, según los uniformados, eran por los delitos de estafa, concierto para delinquir, hurto y lavado de activos. Las víctimas señalaron a la Fiscalía que un policía advirtió la necesidad de alejarse del supermercado porque “estaban dando boleta”. Fue cuando un patrullero se subió al vehículo de los afectados y entregó indicaciones.
Los demás policías, junto con la pareja de esposos, hicieron el recorrido a pie hasta un parque cercano. El desplazamiento quedó en los videos de seguridad de los edificios aledaños y fueron recuperados por los investigadores para argumentar la hipótesis de un secuestro.
Fueron los propios secuestrados los que grabaron con un reloj inteligente los momentos posteriores a las exigencias de dinero que, como no dieron resultado y tras tampoco terminar capturados, los uniformados quisieron darle un barniz de legalidad al pedirle a la pareja firmar un documento en blanco.
Los uniformados fueron capturados y judicializados por el delito de secuestro extorsivo. Ninguno aceptó su responsabilidad y un juez ordenó enviarlos a una cárcel.