El destino de los recursos públicos en los departamentos de Córdoba y Sucre se han visto afectados en los dos últimos años debido a los graves casos de corrupción que han afectado el dinero dispuesto por el Estado.
Por esta razón, en las últimas horas el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se trasladó hasta la ciudad de Montería para verificar los avances de las acciones judiciales que se han puesto en marcha tanto en Córdoba como en Sucre e identificar y lograr judicializar a los responsables.
La cifra de judicializados es alarmante, ya que entre 2022 y 2023, han sido judicializadas 51 personas en Córdoba y 157 por actos de corrupción, entre los procesados hay 8 alcaldes, 1 fiscal, 28 funcionarios y 2 contratistas. De otra parte, en Sucre se han judicializado 157 personas, entre ellas 30 servidores públicos, 14 contratistas, 4 exalcaldes y 6 alcaldes.
En compañía de la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera; la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando; y de los directores seccionales de Córdoba y Sucre, Cindy Tatiana Vargas Tapia y Fernando Salgado, respectivamente, definió mecanismos para impulsar las investigaciones relacionadas con irregularidades de contratación o desviación de los recursos.
«Esta Fiscalía es una Fiscalía que lucha contra la corrupción con resultados, no con discursos. en ese sentido, hasta el Tinal de este periodo de cuatro años seguiremos hablando con resultados en las ciudades, en las calles, en las veredas y en todos los territorios del país» enfatizó el Fiscal General.
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la apropiación de dineros públicos en beneficio personal o de terceros, el ofrecimiento o pago de dádivas para que servidores se aparten de sus funciones o incurran en actos indebidos, son los comportamientos ilícitos que más han sido detectados en los procesos investigativos.