Las marchas que había convocado el presidente Gustavo Petro para el pasado 27 de septiembre a favor de la reforma ha generado un sinfín de reacciones y varias pruebas han salido a la luz en donde se revela que el jefe de Estado no actuó tan correctamente como siempre ha manifestado.
Se conoció en los últimos días que además de que el gobierno Petro promocionara las manifestaciones con recursos públicos, también habría forzado a funcionarios a asistir a estas.
En primer lugar, se creó todo un escándalo luego de que varios medios de comunicación nacional publicaran que tres entidades del Gobierno suscribieron contratos con RTVC con el fin de comprar pauta en medios de comunicación, colaboración logística para eventos y creación de contenidos audiovisuales. Los convenios se suscribieron en semanas antes de la marcha.
Y para sumarle a todo eso, Revista Semana reveló otra jugada del Gobierno para alimentar las marchas fue sacar a sus funcionarios a las calles.
Algunas entidades invitaron a salir voluntariamente, pero otras, como las adscritas al Ministerio de Minas y Energía, obligaron a sus colaboradores a marchar.
Se conocieron denuncias documentadas de que en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) hubo reiteradas presiones para que los trabajadores asistieran a la manifestación, que para el sector de Minas y Energía empezó en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía y Servicios Públicos, que se llevó a cabo en la plaza central de la Universidad Nacional.
Al parecer, los directivos enviaron múltiples correos electrónicos reiterando que requerían de la presencia de todos. En uno de los mensajes, que conoció este medio, resaltaron que la asistencia era de carácter “obligatorio”.
“Es vital el acompañamiento obligatorio de todos y todas en este importante proceso de cara a los retos y las acciones que como Instituto adelantamos en territorio”, se lee en el correo.
Es importante mencionar que fueron varias entidades las que habrían denunciado el mal actuar del Gobierno, sin embargo, hasta el momento el caso ha pasado desapercibido.