Por su protagónico papel en una red de corrupción que se quedó con millonarias ‘tajadas’ estatales, el exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, fue condenado a 15 años y nueve meses de prisión.
Además, es importante mencionar que tendrá que pagar una multa de 11.968 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condena hecha por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Castaño es condenado por ser el autor del delito de concierto para delinquir agravado, concusión y también como determinador de los delitos de estafa agravada y peculado por apropiación.
La Corte señaló lo siguiente “intervenir en la viabilidad de los proyectos de “Sacúdete al Parque” en los municipios de Armero Guayabal, Tolima y Villamaría, Caldas, arreglando que varias personas lograran la ejecución de estos para apropiarse del erario público, con la participación de los alcaldes de los respectivos entes territoriales”.
El exsenador fue condenado por un rosario de delitos por exigir coimas para para la entrega de millonarios contratos y convenios por prestación de servicios en ministerios y entidades del Estado en varios departamentos de Colombia.
La Corte fue clara y contundente al señalar que Mario Castaño, utilizando su poder y contactos, ejerció todo tipo de presión para beneficiarse con varios contratos en los Ministerios de Cultura, Deportes y del Interior.
- Por “intervenir indebidamente en los contratos de diseño de las canchas sintéticas en los municipios de Piendamó y Suárez, del departamento del Cauca, y Samaná, Caldas, particularmente, en la selección de contratistas determinados, para que con posterioridad estos beneficiarán a los integrantes de la organización criminal”.
- Por “instigar, respecto del contrato de obra de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el consorcio San Miguel, mediante una cadena de determinaciones a integrantes de la organización delictiva, entre ellos, a Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez, así como a miembros del citado consorcio para que se apropiaran de una suma de 1.560 millones de pesos, en beneficio propio y de otros”.
- Por “instigar a los particulares Nova Lorena Cañón Reyes, Pablo Gómez y James Peña Garzón para que obtuvieran 2.000 millones de pesos del Estado mediante la presentación ante el Ministerio de Cultura del proyecto de la “Escuela Taller” de Salamina, de los cuales parte se destinaría al aforado y a otros implicados”.
- “Gestionar la contratación de Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza ante el Senado de la República, con conocimiento de que los recursos por ellos obtenidos no se corresponderían con la prestación efectiva de sus servicios, apropiación en la que resultó determinante la decisión del jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González”.
- A su vez, por “exigir dinero, mediante Juan Carlos Martínez Rodríguez y Alejandro Noreña Castro, a Carlos Andrés Serna Idárraga, Jorge Armando Ospina Bedoya, Luisa Daniela Pulgarín Acevedo y Luz Zoraida Albarracín Guzmán, a cambio de ubicarlos laboralmente a ellos o a sus familiares en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- o en la Contraloría General de la República, cargos a los cuales Castaño Pérez podía acceder aprovechando su condición de Congresista”.