Este pasado viernes el congreso peruano declaró al presidente Gustavo Petro como persona no grata en ese país tras varias declaraciones del mandatario colombiano que han sido entendidas como una injerencia directa en los asuntos internos de Perú, entre ellas, las declaraciones a los policías peruanos indicando que parecen nazis cuando hacen su labor de control del orden público durante las protestas.
Este anuncio ha despertado múltiples críticas entre reconocidos políticos y figuras públicas, entre ellas, la declaración de la presidenta de esa nación, Dina Boluarte, quien se dirigió al presidente Gustavo Petro y le pidió “dedicarse a gobernar bien a Colombia e que deje a los peruanos resolver sus propios problemas”.
Sin embargo, la Cancillería colombiana no se quedó callada y este domingo respondió a la decisión que tomó el congreso peruano, por medio de un comunicado en el que indica que “toma nota de la moción del Congreso de la República del Perú”, pero, a renglón seguido, advierte que “interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
En otro de los apartes de su respuesta, la Cancillería dice que “confía en que, en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes”.
Finalmente, haciendo análisis de la respuesta de la Cancillería, algunos expertos indican que el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano no reconoce la representatividad que les otorgaron los electores a los legisladores en Perú, pero desdeña su carácter de representación del pueblo, es decir, le resta la autoridad y majestad que le otorgó el mismo pueblo.