Por: Jairo Torres Oviedo
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que contiene la reforma tributaria, en la que propone, “consolidar una infraestructura de equidad, fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterio de solidaridad que, permitan atender los efectos generados por la pandemia”.
Presentar una reforma de esta magnitud, desconociendo las condiciones de pauperización social y económica que vive el país, con deficiencias estructurales para garantizar un bienestar social a la población; es un absurdo.
De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Colombia tiene una pobreza multidimensional del 34.1%; la informalidad en 46%; un desempleo de 17.23% y una caída del PIB de 6.8%.
Estas cifras, sumadas al informe del Banco mundial, el cual pronosticó para el año 2020 que, la economía mundial se expandiría en un 2.5%, donde por efectos de la pandemia la contracción fue de -4.3% en el cierre del año 2020. Además, el informe Pew Research Center, publicado el 18 de marzo de 2021 por el economista Rakesh Kochhar, sobre los efectos de la pandemia en las clases sociales a nivel mundial.
El análisis de este centro de investigación encuentra que, la clase media global mostró 54 millones de personas menos en 2020 que el número proyectado antes del inicio de la pandemia; donde se estima que, el número de pobres creció en 131 millones más, debido a la recesión.
La pobreza creció a escala mundial en un 9.8%, y en América Latina y el Caribe, un 11.76% como consecuencia de la contracción económica y la caída del PIB; lo anterior, supone que el total de la población pobre en Latinoamérica ascendió a 209 millones a finales de 2020; es decir, 22 millones de personas más que el año anterior. En este contexto regional, Colombia no es la excepción; el impacto de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia profundiza aún más la precaria realidad social del país.
Frente a lo anterior, el Gobierno presenta una reforma tributaria que a todas luces es inoportuna, debido a que no resuelve el déficit fiscal del país; pero, sí profundiza las inequidades sociales y contradice los postulados con los cuales justifica dicha reforma; empobreciendo mucho más la población, haciendo desaparecer la clase media. Con ello, no se está erradicando pobreza, sino ampliándola.
Según documento CONPES, en el 2019 la clase media en Colombia representaba 30.79% de la población; en el 2020 pasó al 26.42%, para luego pasar, de 27% a 36.4%, donde la clase alta se mantuvo igual en 2.4%. Lo que está en sintonía con las proyecciones del Banco mundial que estima que, la pobreza extrema pasará en Colombia de 7.2% a 9.5%, (1.1 millón de personas); como resultado de la destrucción del empleo, confinamiento; reforma tributaria que afectaría considerablemente los ingresos de las familias.
Cabe señalar que, el aumento de la pobreza generará mayor desigualdad social y desequilibrios en la distribución del ingreso en Colombia en los próximos 5 años.
En consecuencia, la carga tributaria debe ser justa y responder a principios básicos de justicia. Estos principios deben contribuir a una sociedad bien ordenada, no sólo desde que fue organizada para promover el bien de sus miembros, sino también, cuando esté eficazmente regulada por una concepción pública de la justicia; esta concepción pública implica; instituciones justas, constituida por una estructura básica de la sociedad; es decir, la forma en que las instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes, además, comparten los beneficios provenientes de la cooperación social.
Desde hace décadas Colombia tiene una estructura tributaria inequitativa y desigual, en la que se tributa sin tener en cuenta la posición social; impuestos como el IVA, que no hace distinción social; donde los más pobres terminan pagando por igual, productos básicos e imprescindibles de la canasta familiar; de la misma forma como lo hacen los más ricos; esto, sumado a la falta de regulaciones y sanciones ejemplarizantes frente a la evasión de impuesto.
La presente reforma tributaria, debe responder a principios básicos de justicia y de organización de una sociedad democrática; teniendo en cuenta que no todos los miembros de una sociedad nacen en la misma posición social. El hecho de no nacer en esa misma posición determina las condiciones de vida en el resto de su existencia; por ello, es necesario, en el momento de establecer reformar de carácter fiscal, tener en cuenta estos principios de organización social; cuando se desconocen, se violentan dichos principios básicos y se incurre en injusticia social.
La reforma tributaria presentada por el Gobierno desconoce esos principios básicos de justicia y de organización democrática de la sociedad; a su vez, evidencia la desconexión existente entre quienes dirigen el país político; con criterios tecnocráticos desprovistos de realidad social; de un país nacional que día a día sobrevive en medio de sus penurias, precariedades, angustias, dolores e incoherencias; pero, sobre todo, el desconocimiento de quienes lo dirigen y gobiernan.
Necesitamos una reforma tributaria justa, equilibrada y fundada en principios de justicia y solidaridad. Por ello, la presente reforma tributaria es inconveniente e improcedente para el país.