La tutela que hizo recular al Ministro de Salud

La tutela que hizo recular al Ministro de Salud

El Ministro de Salud y Seguridad Social, Dr. Fernando Ruiz Gómez, anuncio el día 16 de junio de 2021 la extensión para la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech a 12 semanas, para los que sean vacunados a partir de la segunda fase (personas mayores de 40 a 49 años).

El Ministerio de salud basó su decisión, según ellos, en evidencia científica y experiencia de otros países: “… dicha evidencia demuestra que la eficacia de la vacuna de Pfizer se incrementa en la medida que se haga un espaciamiento de la segunda dosis a 12 semanas. Adicionalmente, tal decisión ya ha sido adoptada por Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, entre otros países, por lo que no es exclusiva de Colombia”, señaló el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter.

Ahora bien, se buscaba con dicha medida extender lo más que se pueda la disponibilidad de vacunas para tener la mayor cobertura posible. Al Respecto, el Ministro de Salud y Seguridad Social, Fernando Ruiz Gómez, dijo: «… Dado que la vacuna de Pfizer tiene un nivel de protección cercano al 80 % con una única dosis y del 92 % con dos dosis, tratamos de extender lo más que podamos la disponibilidad de vacunas para tener la mayor cobertura posible».

Las decisiones del Ministerio, a pesar de ser ilegales, fueron acogidas por los entes territoriales departamentales y municipales, y las Entidades prestadoras de Salud encargadas de la aplicación del biológico de Pfizer, los cuales empezaron a programar la segunda dosis de la vacuna con un intervalo de 12 semanas.

La decisión del ministerio de Salud fue objeto de rechazo por parte del Ciudadano Monteriano, Carlos Alvarez, quien, a través de acción de tutela incoada ante el Juzgado 2do. De Restitución de Tierras de Montería, tendiente a que se le garantizaran y protegieran su derecho a la vida y a la salud, solicitó que la vacuna de Pfizer le fuera suministrada y aplicada a los 21 día y no a las 12 semanas.

El tutelante basó su inconformismo en varias hechos, entre los que se encuentran fundamentalmente las siguientes:

1. No existe norma o acto administrativo que derogara o modificara los lineamientos técnicos para la aplicación de la vacuna de Pfizer, establecidos en la Resolución No. 0000197 de fecha 22 de febrero de 2021, para la vacunación contra el COVID-19, y que establecen un intervalo de 21 días entre dosis; sino que tal pronunciamiento lo hizo MinSalud mediante twitter.

2. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, a través de la Resolución 2021000183 de 5 de enero de 2021, otorgó Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia – ASUE, a la vacuna de PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE para combatir el virus SARS-COV-2 causante del COVID-19., y en ella se determina como dosificación serie de dos dosis (0.3 ml cada una) administrada intramuscularmente y separadas entre si por 21 días en pacientes de 16 años en adelante. Igual decisión había tomado la OMS al momento de aprobar el uso del biológico de Pfizer.

3. La farmacéutica Pfizer mediante comunicado público desautoriza al gobierno, manifestando que no existen estudios que evidencien la efectividad de la vacuna fuera de los 21 días después de la primera dosis.

Por tales razones, manifiesta el tutelante, los lineamientos técnicos aprobados por el mismo ministerio y la autorización del invita a la vacuna Pfizer se encuentran vigente y no han sido modificados, por lo que la decisión del Ministerio es arbitraria e ilegal, que busca convertir a los ciudadanos en “Ratas de laboratorios”.

Admitida la acción constitucional, el ministerio, la Alcaldía de Montería y la IPS encargada de aplicar el biológico, no tuvo otra opción de cambiar la fecha de inoculación de la vacuna, para lo cual tuvo que reprogramarle al señor Carlos Alvarez su fecha de vacunación con el intervalo de 21 días y no de 12 semanas como pretendía la cartera de salud nacional. 

Finalmente señala Carlos Alvarez en su acción de tutela que el espaciamiento en la aplicación de la vacunación de que ha sido objeto, además de no contar con base científica, obedece a la mala gestión e improvisación del Gobierno con la implementación de las fases y etapas del plan Nacional De Vacunación, a su negligencia e ineptitud en la consecución de vacunas, al fracaso en la cobertura de inmunización total de la población.