En las últimas horas, la Contraloría General de la Nación falló un proceso de responsabilidad fiscal por $211.755 millones contra Electricaribe, por indebida aplicación de recursos destinados a la población más pobre del Caribe.
Dichos recursos fueron destinados por el Fondo de Energía Social –FOES- con el fin de aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2, durante julio de 2011 y octubre de 2016.
No obstante, los $187.227 millones que recibió Electricaribe para ese fin, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario.
Es de resaltar que, los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por tanto, se debió aplicar al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario.
Al realizar esta aplicación, “no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales”, especificó el fallo.
La Contraloría dijo que en forma solidaria con Electricaribe se falló con responsabilidad social contra PricewaterhouseCoopers Ltda. y tres de sus colaboradores, en calidad de revisores fiscales de la empresa.
Estos “avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador”, explicó el órgano de control.