El procurador Fernando Carrillo entregó estas declaraciones en la instalación virtual de la Mesa para la Protección de la Vida.
La reunión virtual se llevó a cabo este miércoles 26 de agosto y en esta tuvieron participación los representantes de USAID, instituciones estatales, líderes sociales del departamento de Córdoba y el gobernador Orlando Benítez.
Con esta iniciativa que se viene adelantando desde hace dos años, se analizaron los recientes acontecimientos de violencia que son atribuidos a grupos delictivos en el sur del Córdoba y que han traído consigo masacres y el desplazamiento de decenas de familias.
Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público, señaló que «hay una precaria respuesta institucional frente a las denuncias de situación de riesgos y la alta informalidad de la tierra en ese departamento», lo que lleva a entender porque «hay tantos actores de vulnerabilidad que propician el despojo de tierras».
También manifestó que, las comunidades indígenas están «reclamando porque no tienen la capacidad para contrarrestar la vileza y la violencia ejercida por los grupos armados ilegales en sus territorios».
Asimismo, dijo que a la inseguridad se le sumó la crisis económica de la pandemia, lo que acrecentó los niveles de pobreza en el departamento y eso conlleva a un recrudecimiento de la violencia.