Comunicadora social de San Antero, podría ser sancionada e investigada por revelar nombre de persona que habría muerto de Covid-19

Comunicadora social de San Antero, podría ser sancionada e investigada por revelar nombre de persona que habría muerto de Covid-19

A pesar que el Ministerio de Salud ha insistido en que está prohibido revelar la identidad de las personas que mueren por coronavirus, la periodista Blanca Cecilia Castellana, reveló a través de Facebook el nombre del paciente que según ella murió por Covid-19 en San Antero.

Es de resaltar que, en días pasados, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, sí confirmó una muerte causada por el virus en ese municipio, sin embargo, en cumplimiento de la ley solo se limitó a entregar los reportes del deceso, sin revelar la identidad de la persona, medida que también fue acatada por el alcalde Lormandy Martínez.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio recordó que es obligatorio mantener en reserva y confidencialidad los datos personales y la información de quienes son tratados por contagios de Covid-19.

Asimismo, explicó que el incumplimiento de esta norma incluye sanciones económicas, enfatizó que con la publicación de los nombres de los pacientes, estos están expuestos a situaciones de exclusión discriminación o maltrato, además,

“Los datos relativos a la salud son de naturaleza sensible y sobre esta clase de información existe una responsabilidad reforzada que implica la adopción de mayores medidas de seguridad, restricción de circulación, acceso, uso, confidencialidad y reserva”, señaló.

Añadió también que, “la ley obliga a todas las personas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento de datos personales, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley”.

Así las cosas, la comunicadora Blanca Cecilia Castellano Reyes, tras no acatar estas normas, podría verse abocada a una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales y enfrentar una investigación penal por parte de la Fiscalía, de llegarse a comprobar que efectivamente esa fue la persona que murió por Covid-19