La organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch, HRW, denunció recientemente sobre las brutales medidas como asesinatos y abusos contra civiles, impuestas por grupos armados en Colombia para hacer cumplir las cuarentenas decretadas para prevenir la propagación del Covid-19.
De acuerdo con la HRW, los grupos implicados en estos insólitas y reprochables acciones son el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Con la llegada del Covid-19 a Colombia, la ONG alertó que varios de estos grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus y para hacerlas cumplir, «han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, por medio de un comunicado aseguró que, en diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación de la Covid-19, agregando que, «este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo».
El informe revelado por la HRW, lo hizo luego de entrevistar telefónicamente, entre marzo y junio pasados, a 55 personas en 13 departamentos del país, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
En dichas indagaciones, la HRW también examinó y verificó la autenticidad de panfletos firmados por grupos armados, así como numerosas fuentes secundarias, incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos, además de artículos de prensa.
“Las investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales de que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de COVID-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”, manifiesta la fundación en su reporte.
De igual forma, asegura que, en al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.