El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró este miércoles que hay una clara relación entre contratos para la atención de la pandemia del Covid-19 y el pago de favores por el financiamiento de campañas electorales.
Según el funcionario, han logrado evidenciar que más de 117 contratos entregados entre el 16 de marzo y el 25 de mayo fueron entregados a financiadores de dichas campañas, contratos que superan los 12.500 millones de pesos y tienen relación con las gobernaciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Asimismo, el Procurador aseguró que, en la mayoría de los casos estas personas reciben 10 veces más de lo que aportaron en campaña, razón por la cual desde la Procuraduría le tienen la lupa puesta a otros 147 contratos por valor de 47.000 millones de pesos que fueron adjudicados a 77 aportantes de campañas elegidos entre 2018 y 2019.
Cabe destacar que, de igual manera Fernando Carrillo anunció la apertura y suspensión provisional del alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve y el personero Mefi Boset Gómez por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes a la frontera con Venezuela.
Además, sobre la investigación contra el alcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés, la secretaria de Gobierno Bertha Amanda Perilla y el jefe de la Oficina de Contratación Óscar Javier Ortiz «por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 5.000 mercados por un valor unitario de $225.000 para los damnificados por la COVID-19, en un contrato suscrito con Alonso Ladino Daza, por $1.125´000.000».
Y anunció varias investigaciones contra funcionarios por violar las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Entre ellos la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez, el secretario de Gobierno de Galapa, Atlántico, Mauricio Tulio Rojas; el concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz, quien habría participado en una fiesta.
Además, abrió investigación contra el alcalde de Lérida, Tolima, Marco Antonio Ospina Velandia porque al parecer habría desatendido una solicitud para evitar aglomeraciones dentro y fuera del supermercado que sería propiedad de su familia.