Aplazada, decisión sobre libertad de Uribe se conocerá el próximo martes

Aplazada, decisión sobre libertad de Uribe se conocerá el próximo martes

A pesar de la gran expectativa que había en el pais, por conocer la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe Velez, la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, aplazó la audiencia de solicitud de libertad, para el próximo martes 22 de septiembre a las 9 de la mañana.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la togada deberá resolver si el proceso debe cursarse por la Ley 600 de 2000, antiguo sistema penal que rige en la Corte Suprema de Justicia, o por la Ley 906 de 2004, nuevo sistema penal acusatorio.

Reinaldo Villalba, abogado de la víctima el senador Iván Cepeda, sostuvo que «el proceso debe continuar bajo la Ley 600, es decir, que el proceso no vaya a un juez de garantías y que se dé por concluida la primera etapa.

Dicho de otra manera, la defensa argumenta que el el expresidente debe seguir recluido para así continuar con el proceso de acusación o la preclusión del mismo.

“La petición es que la señora jueza declare que el procedimiento a seguir es la ley 600 del año 2000 y que no hay lugar a que un juez de garantías, en este caso, su señoría, intervenga o continúe con la audiencia porque la competencia no le correspondería”, dijo Villalba.

Por su parte, el abogado del exsenador, Jaime Granados, aseguró que, «la Corte y el Congreso entendieron que la salida que diseñó el legislador fue el Artículo 533 de la Ley 906, que determinó que la norma general aplicable para todos los casos se diera desde el 2005 al 2007, por lo que a partir del 2008 en todo el territorio el único sistema penal que se iba a aplicar para hechos cometidos en Colombia sería la Ley 906. Y se determinó que se diera un paralelismo, y la excepción que se dio fue el criterio del fuero».

Asimismo agregó que “si los delitos no tienen una relación con la función de congresista desaparece esa competencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. (…) Esa sala determinó que había que informar ello al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá».