A la expectativa se encuentra el sector de Transporte Público en Montería pues si las dos empresas que prestan el servicio actualmente no mejoran los balances financieros, el camino que les esperar es el cierre, y este se podrían presentar antes de 60 días.
Indiscutiblemente, el desarrollo de una ciudad es definido, en gran medida por su transporte público, que debe hacer frente a los transportes ilegales lo que influye directamente en la seguridad y sostenibilidad.
De acuerdo con los estudios realizados por el municipio, durante la implementación y estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público, hay un déficit financiero para los operadores del servicio, es decir que, la tarifa no compensa los gastos operativos y la inversión que han hecho los transportadores para movilizar la flota.
Asimismo, se determinó que existe un faltante de aproximado de 10 mil millones de pesos cada año, por lo que no resulta descabellado la afirmación que los transportadores están subsidiando el servicio para la ciudad.
Es de resaltar que, uno de los estudios relacionados con el SETP, se contrató y se desarrolló en la administración del alcalde Carlos Eduardo Correa, por valor de mil 100 millones de peso con el Consorcio Movilidad Montería.
Luego se realizó una actualización en la administración de Marcos Daniel Pineda, con la firma Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción SAS, por valor de 299 millones, 943 mil 680 pesos.
El sistema lleva invertido en estudios cerca de los $1.500 millones, lastimosamente, esa inversión junto la realizada con los puentes, vías e intercambiadores viales, están a punto de ser “echadas a la basura” pues que el SETP en la ciudad podría desaparecer porque no hay quien lo opere.
Ante la mirada indiferente del Estado, los operadores han tratado de mantener el servicio a pesar de las diferentes problemáticas y de los “huecos” económicos.
Pérdidas para las empresas de transporte
En el mandato de Marcos Daniel Pineda, se adoptó de manera arbitraria la decisión de quitar el día sin moto para volverlo día sin parrillero.
Lo anterior habría generado una descompensación de cerca de 60 mil viajes mensuales de diferencia, situación que generó una pérdida aproximada de 10 mil millones de pesos adicionales para los operadores durante los cuatro años que estuvo al frente del municipio, lo que a su vez bajó la posibilidad de un equilibrio financiero en el sector,
Por otra parte, en los dos primeros meses de gobierno Carlos Ordosgotia, se perdieron el 50% de los pasajeros presupuestados para los dos primeros meses del año, pues su administración inició en medio de la informalidad ya que no se había firmado el convenio de tránsito con la policía.
A partir del mes de marzo, cuando ya existía ya se había estipulado el convenio, el transporte público colectivo empezó a recuperar lentamente sus pasajeros, justo en el momento que comenzó el tema de la pandemia y el confinamiento, hecho que redujo la capacidad de los vehículos en 35%
En este orden de ideas. Desde hace 150 días, los transportadores pierden diariamente aproximadamente 20 millones de pesos, lo que traduce que en los 150 días que lleva la pandemia han perdido cerca de 3 mil millones de pesos.
¿Qué se viene?
Hasta el momento, el gremio de trasportadores indica que, a pesar de las advertencias y de los llamados de atención a la actual administración, no han recibido una ayuda que garantice el servicio público.
Así las cosas, la Alcaldía de Montería, mediante estudios respectivos, deberá plantear posibles soluciones antes esta problemática que pone en jaque el desarrollo sostenible de la ciudad.
Los transportadores manifiestan que actualmente están perdiendo el 70% de los viajes que deberían movilizar, del mismo modo aseveran que la operación de hoy genera una pérdida aproximada de 20 millones de pesos diarios, es decir están perdiendo 600 millones de pesos al mes por mantener la operación, más 140 millones de las prestaciones, más los cargos fijos como servicios públicos y toda la carga empresarial.
Finalmente, dijeron que poco a poco han ido consumiendo su patrimonio, por lo que el riesgo de una liquidación por quiebra es inminente.
Se espera que la administración tome cartas en el asunto ya que aún no se toman decisiones concreta que brinden una solución oportuna.