Luego que la Superintendencia Nacional de Salud descubriera los actos de corrupción que se cocinaban al interior de la EPS Manexca, ordenó este jueves 10 de enero continuar con el proceso para liquidar la Asociación de Cabildos Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre.
El ente de control, pudo establecer una defraudación al sistema de salud que puso en riesgo a más de 200.000 afiliados. Se trata de la desviación de recursos los cuales fueron utilizados con fines distintos a la prestación del servicio.
Por otra parte, la venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS, que tiene el mismo nombre, por $600 millones, fue otro de los hallazgos que pudo identificar la SuperSalud, así como también, el pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones, autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por un valor de $733 millones, entre otros.
Es de resaltar que, la Corte Constitucional indicó que la reasignación de las personas que se encuentran afiliados a esa EPS, deberá ser objeto de consulta previa con la comunidad indígena Zenú y representantes de la Supersalud, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Ministerio del Interior.
Estos fueron los hallazgos que en su momento prendieron las alarmas en la SuperSalud.
Uno de los hallazgos del ente de control que causó la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud fue: el pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones, gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud, emisión de autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por un valor de $733 millones.
El ente de vigilancia también identificó, una celebración indebida de contratos con la IPS Samisalud S.A.S. encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013, sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagana sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no.
Por otra parte, Manexka no entregó información acerca del origen de financiamiento para la adquisición de la sede ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento y que de acuerdo con los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que el Gobierno Nacional asigna por cada afiliado.
Finalmente, el órgano de control indicó que la venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidenciara en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.
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